martes, 8 de agosto de 2023

Un lamentable y tragicómico episodio -de alcances y consecuencias impredecibles- protagoniza el gobierno de Bolivia en la CAN. ¿El motivo? Un reciente fallo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), en el que, ese órgano le dio la razón a Perú al resolver una acción de incumplimiento, presentada por ese país, en contra de Bolivia.

La demanda de Perú pretendía que Bolivia ajustara su regulación interna de hidrocarburos a los principios y compromisos estipulados, por los países, en el acuerdo de Cartagena, por cuanto un decreto supremo del gobierno del estado accionado otorgó un subsidio discriminatorio, al precio del combustible, únicamente en favor de los transportistas bolivianos y en contra de los prestadores colombianos, peruanos y ecuatorianos, de ese mismo servicio.

El TJCAN consideró fundada la acción presentada por Perú, debido a que la regulación boliviana quebrantaba los principios de trato nacional, no discriminación y libre competencia, así como diversos artículos de las Decisiones 398, 837 y 608 de la CAN.

El órgano judicial precisó que, en virtud del Acuerdo de Cartagena, este tipo de subsidios debería extenderse a todos los ciudadanos andinos.

Y quien dijo miedo. La decisión desató la ira y una respuesta insensata del ministro de justicia de Bolivia, Iván Lima, en contra del magistrado boliviano del TTJCAN, Gustavo García Brito. Según Brújula Digital, advirtió el ministro que “La actitud de este juez y la manera que ha llegado al cargo y la manera que ha actuado contra su país, no va a quedar en la impunidad.” y amenazo con instaurar nuevas acciones penales contra el magistrado.

García Britto ya había renunciado a su cargo, junto con sus dos magistrados auxiliares, un mes antes de la publicación de la sentencia debido a una denuncia instaurada por el Ministerio de Relaciones Exteriores por la supuesta comisión del delito de usurpación de funciones.

En palabras del viceministro de justicia de Bolivia, el gobierno anterior “No tenía la plenipotencia necesaria para designarlo, independientemente de ello fue designado, ha ejercido o está ejerciendo la labor de juez de la CAN en representación del Estado boliviano y ahora nos sale con una sentencia desfavorable para el país, yo diría hasta traición a la patria”.

Aunque el TJCAN rechazó el hostigamiento, del que fueron objeto sus magistrados, y destacó la importancia de garantizar su independencia, aún no ha adoptado una decisión sobre la aceptación de las renuncias, razón por la cual Garcia Brito y sus magistrados auxiliares continúan ejerciendo sus funciones.

El comportamiento de Bolivia demuestra un evidente desprecio por el ordenamiento jurídico andino y constituye una interferencia inaceptable que pone en riesgo la independencia de los magistrados del Tribunal. Es además una invitación para que los demás países de la CAN desacaten los fallos de la corporación cuando les resulten adversos o no convengan a sus intereses.

El Gobierno de ese país debería entender que conductas, como las que acaba de protagonizar, traumatizan y perjudican de manera grave el funcionamiento de la integración andina y que ostentar la calidad de miembro de la CAN implica no sólo beneficios, sino también obligaciones que todos los países deben honrar.

Más grave aún es que el comportamiento de Bolivia refleja la profunda crisis del Estado de derecho que afecta la región.

Este suceso tan desafortunado amerita, o mejor, exige que los países miembros de la CAN se pronuncien de manera enérgica y tomen las medidas necesarias para que este tipo de conductas no se abran camino a rajatabla en la región.