lunes, 31 de julio de 2023
La escalada de sanciones impuestas por los países aliados a Ucrania, como respuesta a la violación del derecho internacional por parte de Rusia, adquiere nuevos matices y dimensiones con alcances cada vez más radicales.
La última de estas medidas fue la Regulación 54D(1) (https://www.legislation.gov.uk/uksi/2023/713/made), expedida por el Reino Unido, hace algunas semanas, a raíz del bombardeo de Rusia al puerto de Odessa en Ucrania.
Esta disposición prohibió a todos los abogados británicos y de otras nacionalidades (incluidos los “in house counsel “), que operen en ese país, prestar servicios jurídicos, en asuntos transaccionales, comerciales o societarios, a empresas rusas o de cualquier otro estado que realicen negocios con ellas.
Según el secretario de Estado para la Justicia del Reino Unido, Lord Alex Chalk, la decisión busca evitar que Rusia se beneficie del conocimiento y experiencia legal de Gran Bretaña que, en sus palabras, cuenta con uno de los ordenamientos jurídicos más sofisticados del mundo y que constituye el soporte y punto de referencia al que se sujetan innumerables transacciones internacionales.
La Unión Europea ya había expedido regulaciones similares, aunque con un alcance más limitado. Es el caso del reglamento 328 de 2022, que prohibió la prestación de servicios jurídicos a empresas rusas vinculadas al Kremlin.
La diferencia, entre una y otra prohibición, radica en que la normativa del Reino Unido extendió la restricción a empresas de cualquier país, que realicen negocios con las compañías rusas, al paso que la de la UE la limitaba sólo a empresas rusas, vinculadas con el Kremlin.
Ambas normas excluyen, de su ámbito de aplicación, los servicios legales que involucren la representación en litigios, porque se considera que lo contrario llevaría a vulnerar de manera grave los derechos fundamentales y el estado de derecho.
La sanción implica un bloqueo a la exportación de servicios legales del Reino Unido a Rusia que, según el gobierno británico, representa una cifra aproximada de 56 millones de libras esterlinas.
A pesar del sacrificio económico que significa esta sanción, para el sector de los servicios legales de ese país, el apoyo a la medida por parte de la comunidad jurídica británica ha sido decidido y rotundo.
Así, la presidente de Law Society, Lubna Shuja, manifestó que estas restricciones son una respuesta, necesaria e imperiosa, a la violación del derecho internacional perpetrada por Rusia, siempre y cuando no se vulneren los derechos fundamentales de defensa y de acceso a la justicia.
Por su parte, Julie Norris, socia de la firma Kingsley Napley, recomendó a las firmas de abogados británicas, así como a las extranjeras establecidas en el Reino Unido, evaluar de manera urgente sus protocolos de cumplimiento, en aras de evitar la imposición de las sanciones previstas para quien desacate la medida, que no sólo se limitan a severas multas, sino que incluso pueden llegar a tener connotaciones penales.
Es claro que las sanciones impuestas a Rusia no solo están impactando a ese país, sino que su alcance es cada vez más amplio y se han extendido a actores de otros estados que tienen negocios con empresas de esa nacionalidad.
Todo apunta a que, en la medida que esas sanciones se recrudezcan y adopten nuevas modalidades, se generarán efectos colaterales inesperados en la economía global y en el ámbito de las relaciones internacionales.
