martes, 17 de noviembre de 2020

Es un hecho que, desde el surgimiento de las primeras leyes antimonopolio, ha sido una constante la preocupación sobre la injerencia de la política y el ejercicio del poder en su aplicación. Muestra de ello fue que Theodoro Roosevelt fue acusado, durante los años de su presidencia, de iniciar más de 40 demandas antimonopolio, contra la Standard Oil company, para obtener réditos y ventajas políticas.

Mas de 100 años después, se acusó al Departamento de Justicia de EE.UU., de ceder ante la presión del presidente Trump, para adoptar decisiones sin criterio técnico, en materia de control de concentraciones empresariales. The Economist, señaló que, el Departamento de Justicia no es realmente una entidad independiente, dado que el presidente es quien nomina al fiscal general, y determina las políticas sobre el manejo de los recursos y dirección de esa entidad.

Pero las discusiones de este talante no solo se han suscitado a nivel local, sino que también se ha presentado en el ámbito internacional.

Ejemplo de ello fue la integración de Boeing con Mcdonnell Douglas (MDC) que se llevó a cabo durante la administración de Bill Clinton, en diciembre de 1996. Boeing adquirió el control de MDC, operación que fue aprobada en EEUU, pero objetada por la Comisión de la UE quien consideró que ella llevaba, a fortalecer la posición dominante de Boeing y incrementar además sus actividades en el sector aeroespacial y militar, por cuanto MCD dedicaba el 70% de su actividad a dichos sectores, al paso que debilitaba la posición de Airbus, empresa francesa y principal competidor europeo de Boeing.

Se criticó que las razones del desacuerdo obedecieron más al ámbito político que al análisis del derecho antimonopolios, primaron las consideraciones nacionalistas de parte y parte y fue evidente la falta de cooperación entre las autoridades de las partes involucradas.

Otro ejemplo, bastante reciente, es el relativo a las discusiones sobre las iniciativas para atomizar a las Big Techs en Europa. Según el diario español El País, las decisiones antimonopolio que ha tomado Margrethe Vestager, comisaria europea de competencia, han sido calificadas por los gigantes de Silicon Valley como “basura política”. Vestager obligó a Apple a pagar aproximadamente 13.000 millones de euros a Irlanda en impuestos impagados desde 2003. Según la Comisión Europea, Irlanda había otorgado ayudas ilegales y beneficios artificiales a Apple, que le permitían a esta compañía pagar menos impuestos que otros competidores nacionales, por las ganancias obtenidas primordialmente en Estados Unidos.

En 2017, un grupo de expertos de la International Competition Policy (CPI) elaboró un reporte, en el que concluyó que los abusos políticos en esta materia distorsionan el comercio y promueven la protección de “campeones nacionales” de las investigaciones antimonopolio.

Por consiguiente, es recurrente la inquietud acerca de si las decisiones de las autoridades son siempre el resultado de los análisis rigurosos de los temas antimonopolios o si en ocasiones estas son permeadas por interferencias de otra índole, sobre todo cuando los efectos de las conductas trascienden los mercados locales.

En todo caso, estas preocupaciones reafirman la necesidad de garantizar la mayor independencia posible de las autoridades de competencia, de la injerencia del ejecutivo y de la influencia de quienes elaboran y ejecutan las políticas comerciales. Ello ciertamente ayudaría bastante a despejar este tipo de suspicacias.