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OPINIÓN

Todos contra China

06 de diciembre de 2021

Gabriel Ibarra Pardo

Socio de Ibarra Rimon
Canal de noticias de Asuntos Legales

La Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en la que participan sus 164 miembros, es el órgano decisorio supremo de la Organización y debe realizarse por lo menos una vez cada dos años. Sin embargo, la Duodécima Conferencia Ministerial (CM12), que se iba a llevar a cabo entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre de 2021, fue aplazada indefinidamente debido la nueva variante Ómicron del covid-19.

Es la segunda vez que la pandemia ha obligado a aplazar la CM12, que originalmente había sido programada para junio de 2020 en Astaná (Kazajstán).

Esta nueva prórroga no es una buena noticia para el sistema multilateral de comercio que necesita con urgencia revisar los temas que lo han llevado a una crisis sin precedentes, a saber; el bloqueo del órgano de apelación, la erosión del principio de la nación más favorecida, las distorsiones creadas por China, el tema medioambiental, la agricultura y las negociaciones en propiedad intelectual para combatir el covid-19, entre otros.

Una de las iniciativas más afectadas con este aplazamiento es el proyecto de la alianza entre Estados Unidos, la UE y Japón cuyo objeto es el estudio de nuevas herramientas para hacer frente a las economías de no mercado, léase: China. Recientemente, estos países destacaron “la importancia de la reforma de la OMC en un esfuerzo por construir un sistema de comercio multilateral libre, justo y sin distorsiones”.

Se pretendía, en la CM12, esbozar un plan de trabajo, que se centraría en tres pilares: (i) Identificación de los problemas ocasionados por las economías de no mercado, (ii) identificación de las falencias en los instrumentos ya existentes, y (iii) el desarrollo de nuevas herramientas para hacerles frente.

El grupo de trabajo no fue bien recibido por China. Su embajador ante la OMC expresó que “las nuevas reglas comerciales internacionales no deberían negociarse en ausencia de China y luego presentarse como un hecho consumado”.

La alianza es una respuesta directa al anuncio de ese país de que invertirá más de US$500.000 millones en ayuda estatal a sectores industriales clave a través de la política Made in China 2025 que, según la Oficina de Representación Comercial de EE.UU., tiene como objetivo primordial “reemplazar las tecnologías, productos y servicios extranjeros con tecnologías, productos y servicios nacionales y usar cualquier medio posible para que las empresas chinas dominen los mercados internacionales”.

Se busca que, con ayuda del estado, las empresas chinas se conviertan en fábrica de productos estratégicos como los semiconductores, vehículos eléctricos, aeronaves, teléfonos celulares, entre otros. Pretende la China frenar sus exportaciones de materias primas y reemplazarlas de manera agresiva por exportaciones de productos terminados.

El primer paso es “localizar y nacionalizar” la investigación y el desarrollo y controlar los segmentos de las cadenas de suministro globales. El segundo es “sustituir”, es decir, reemplazar a los proveedores extranjeros con abastecimiento para generar cadenas de valor hacia los productos finales. El tercero es “capturar la participación del mercado mundial”.

La alianza trilateral es el primer esfuerzo multilateral para contrarrestar las distorsiones generadas por la China. En la actualidad este país se encuentra más lejos que nunca de ser una economía de mercado y de coincidir con el espíritu de la OMC, razón por la que es deseable que el proyecto de la alianza salga adelante a la brevedad posible.

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