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Lunes, 17 de septiembre de 2018

Polémico, mediático, el superintendente de industria y comercio Pablo Felipe Robledo termina su gestión aferrado a su estilo que desató grandes controversias y deja vivo el debate acerca de si fue uno de los mejores o de los peores funcionarios del gobierno Santos. Deja acumulada una importante colección de resentimientos y dolores en muchos de los importantes sectores que afectó, y sus decisiones están ahora bajo análisis de los tribunales. Los fallos definitivos en esas causas darán el veredicto de quién tenía la razón. Sea cual sea, Robledo contabiliza sin duda entre sus logros haber fortalecido la capacidad de acción y el peso institucional de la entidad así como su visibilidad y atención por parte de la opinión pública.

Ahora cuando se avecina el cambio de dirección deben quedar al margen los personalismos. Es la hora propicia para que el Estado acometa las reformas de fondo que se requieren para corregir errores y fortalecer la autoridad de competencia y para dotar el régimen de una mayor seguridad jurídica cuya falencia mas grave es hoy día la deficiente tipificación de las conductas restrictivas.

Entre todas las reformas urgentes destacaría sin duda las concernientes al debido proceso, en particular urge diseñar mecanismos que proporcionen una mayor seguridad jurídica y avalen el celoso respeto por los derechos fundamentales de los ciudadanos y de las empresas que estén bajo escrutinio de la SIC. El objetivo prioritario es lograr una verdadera independencia de la entidad, no solo respecto de la inmunidad que pueda tener, frente al ejecutivo, sino también y eso es quizás lo más importante, a la necesidad imperiosa de separar por completo a la autoridad que instruye la investigación de la que juzga y sanciona pues la actual estructura acumula graves falencias que pueden llevar a deslegitimar el régimen.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) ha sido enfática en la necesidad de diseñar y alcanzar esta autonomía. En el año 2016, tras la evaluación del régimen “antitrust” en Colombia, señaló que era inaplazable proteger la imparcialidad de la agencia y recomendó, entre otras reformas, la reglamentación de la política de independencia entre el Despacho del Superintendente y el del Delegado para la Protección de la Competencia, autonomía que se debería preservar desde el mismo momento en que la Delegatura de inicio a una averiguación preliminar.

El modelo chileno, en donde existe una fiscalía económica encargada de investigar y acusar y un tribunal de defensa de la competencia que juzga absuelve o sanciona es un buen punto de referencia para tener una Autoridad antimonopolio independiente, ojalá colegiada, y cuyos miembros tuvieran periodos diferentes al del presidente.

La Superintendencia de Industria ha cumplido un papel muy importante pero la estructura actual ya cumplió su ciclo y la renovación que requiere es apremiante.

Durante las últimas administraciones creció exponencialmente el valor de las multas que la SIC puede imponer a particulares. Esa sola circunstancia aconseja que las actuaciones de la autoridad de competencia estén rodeadas de las mayores garantías.