Salario mínimo y congestión judicial

Si bien han transcurrido más de dos meses desde la fijación del salario mínimo para el año 2026, su impacto sigue trascendiendo en diversos escenarios del país, y no precisamente de manera favorable.

Uno de los menos evidentes —pero no por eso irrelevante— es el judicial. Y es que el aumento del salario mínimo no solo incide en los costos laborales o en la dinámica empresarial, sino que también impacta directamente la forma en que se distribuyen los procesos en la administración de justicia.

En términos simples, la cuantía de un proceso —es decir, su valor económico— determina qué juez debe conocerlo. Esta se encuentra definida en salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que implica que cualquier incremento en el salario mínimo modifica automáticamente los rangos de competencia judicial.

Así, la normatividad procesal establece tres categorías: mínima cuantía, para asuntos que no excedan 40 S.M.M.L.V.; menor cuantía, entre 40 y 150 S.M.M.L.V.; y mayor cuantía, para aquellos que superen este último umbral.

Con el aumento del salario mínimo en 2026, estos rangos se incrementaron de manera significativa. La mínima cuantía pasó de $56.940.000 en 2025 a $70.036.200 en 2026. La menor cuantía, que antes se ubicaba entre $56.940.001 y $213.525.000, ahora se encuentra entre $70.036.201 y $262.635.750. Y la mayor cuantía supera este último valor.

Esto tiene consecuencias importantes: los juzgados civiles municipales, así como los de pequeñas causas donde existen, deben asumir un mayor número de procesos, al ampliarse el rango de asuntos que se les reparte dentro de su competencia. El resultado es una mayor congestión en despachos que ya operan con un volumen de procesos muy alto.

El efecto se agrava si se tiene en cuenta la naturaleza de los procesos que suelen concentrarse en estos juzgados. En Colombia, una parte considerable de los litigios corresponde al cobro ejecutivo de créditos incumplidos. Muchos de estos, especialmente los de libre inversión o consumo, no superan el umbral de mínima cuantía y se desembolsan de cierta manera, en forma masiva, sin mayores requisitos, lo que incrementa el riesgo de impago.

Cuando ese riesgo se materializa, el mecanismo habitual de recuperación es el proceso ejecutivo, que termina recayendo, en gran medida, en los mismos juzgados que ahora enfrentan un aumento en su carga. Así, lo que inicia como una medida económica —el incremento del salario mínimo— termina generando un efecto indirecto sobre la eficiencia del sistema judicial.

Para las empresas, este escenario no es menor. Una justicia más congestionada implica mayores tiempos de recuperación de cartera, incremento en costos legales y una menor previsibilidad en la resolución de conflictos. En otras palabras, afecta directamente la gestión del riesgo y la liquidez de las organizaciones.

Este fenómeno muestra una realidad desapercibida: las decisiones económicas, incluso aquellas orientadas a mejorar el ingreso de los trabajadores, pueden generar efectos colaterales en otros sistemas, como el judicial, que no siempre están preparados para absorberlos.

En ese sentido, más allá del debate sobre el salario mínimo, resulta necesario preguntarse si el diseño actual de los criterios de competencia judicial —atados a este indicador— sigue siendo el más adecuado en un contexto de constantes ajustes económicos.

Porque, al final, cuando aumentan las cuantías, no solo cambian los números: también se redefine la capacidad real de la justicia para responder.