Tribunal sancionó a Petro por no retractarse de acusaciones contra gerente de Coosalud
La medida se tomó porque el presidente no cumplió la orden de retractarse de sus señalamientos contra el gerente de Coosalud, Jaime González Montaño
05 de mayo de 2026
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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca impuso una sanción económica al presidente Gustavo Petro tras determinar que el mandatario incumplió una orden judicial previa. La medida responde a una acción de tutela interpuesta por Jaime Miguel González Montaño, gerente de Coosalud EPS, a raíz de una serie de publicaciones en redes sociales y declaraciones públicas realizadas por el Jefe de Estado.
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En sus pronunciamientos, el presidente Petro vinculó a González Montaño con el presunto uso irregular de recursos públicos destinados al sistema de salud. El tribunal constató que dichas afirmaciones se realizaron sin contar con un sustento judicial o probatorio que respaldara la existencia de delitos de apropiación de fondos por parte del directivo o de la junta administrativa de la entidad mencionada.
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Debido a la afectación del derecho al buen nombre del demandante, un juzgado de Bogotá había ordenado inicialmente al mandatario retractarse de sus palabras y ofrecer una disculpa pública. Ante el incumplimiento de este mandato, la justicia administrativa procedió a resolver un incidente de desacato, desestimando los argumentos de la defensa de la Presidencia que intentaban justificar la ausencia de la rectificación.
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La sanción impuesta consiste en una multa equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la cual debe ser consignada en un plazo de cinco días tras la ejecutoria del fallo. El tribunal enfatizó que el ejercicio de la libertad de expresión por parte de un funcionario público de alto rango conlleva responsabilidades específicas de veracidad e imparcialidad para no vulnerar los derechos de terceros.
El fallo advierte que el presidente debe acatar las disposiciones de retractación ordenadas por la judicatura para evitar consecuencias legales adicionales. El sistema judicial mantiene la vigilancia sobre el cumplimiento de estas órdenes, señalando que la persistencia en el desacato podría derivar en medidas sancionatorias de mayor severidad conforme a la normativa vigente.
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