Héctor Otálora
En los últimos años, las exigencias relacionadas con seguridad humana y protección contra incendios han dejado de ser un asunto exclusivamente técnico para convertirse en un aspecto crítico dentro de la gestión jurídica y operativa de proyectos inmobiliarios, establecimientos de comercio e instalaciones industriales.
Aunque muchas empresas asocian el certificado de bomberos únicamente con la apertura de establecimientos o la realización de eventos, la realidad es que su alcance es mucho más amplio y su incumplimiento puede generar riesgos administrativos, operativos e incluso contingencias en relación con los activos.
Un requisito transversal en proyectos inmobiliarios
La regulación colombiana en materia de protección contra incendios exige que los proyectos constructivos incorporen medidas técnicas relacionadas con evacuación, señalización, sistemas de detección, control y mitigación de incendios. Su cumplimiento debe ser verificado dentro de los procesos de licenciamiento urbanístico y posteriormente durante la operación de los inmuebles y actividades económicas.
Actualmente, los cuerpos de bomberos continúan siendo las autoridades competentes para adelantar inspecciones técnicas y revisiones en materia de prevención de incendios y seguridad humana en edificaciones públicas, privadas y establecimientos comerciales e industriales.
En la práctica, esto implica que centros comerciales, bodegas, edificios corporativos, conjuntos residenciales, industrias, hoteles, clínicas y establecimientos abiertos al público deben mantener condiciones permanentes de cumplimiento y no únicamente obtener una validación inicial.
El certificado de bomberos no es un trámite aislado
Uno de los errores más frecuentes consiste en asumir que la certificación es un requisito que se obtiene una sola vez. Sin embargo, las inspecciones pueden incluir revisiones periódicas y pruebas de los sistemas de protección contra incendios, lo que implica la verificación de aspectos como:
- Extintores y sistemas de supresión.
- Redes hidráulicas.
- Alarmas y detección.
- Señalización y rutas de evacuación.
- Iluminación de emergencia.
En proyectos inmobiliarios, esto adquiere especial relevancia porque las adecuaciones internas, cambios de uso, ampliaciones o reformas pueden modificar las condiciones inicialmente aprobadas y generar nuevos requerimientos técnicos.
Riesgos jurídicos que suelen subestimarse
Desde una perspectiva empresarial, el principal riesgo no siempre es la ausencia formal del certificado, sino las consecuencias derivadas de un incumplimiento detectado durante la operación del inmueble o de la actividad económica.
El Código Nacional de Policía exige que los establecimientos cumplan permanentemente condiciones de seguridad, ambientales y sanitarias. Además, faculta a las autoridades para verificar estos requisitos durante el desarrollo de actividades económicas.
En consecuencia, las autoridades pueden iniciar actuaciones policivas cuando evidencien incumplimientos relacionados con normas contra incendios, incluyendo posibles sanciones como:
- Multas.
- Suspensión temporal de actividades.
- Restricciones operativas.
- Cierres temporales de establecimientos.
Esto puede generar impactos significativos en operaciones logísticas, comerciales e industriales, especialmente en activos con alta afluencia de público o con actividades de almacenamiento y transformación.
La experiencia reciente demuestra que las autoridades han incrementado las verificaciones relacionadas con seguridad humana, especialmente en establecimientos de comercio, bodegas, proyectos de alta ocupación y activos destinados a atención masiva de público.
En este contexto, resulta recomendable que propietarios, operadores, desarrolladores y administradores inmobiliarios revisen de manera periódica:
- El estado de vigencia de sus certificaciones.
- La operación real de los sistemas contra incendios.
- La coherencia entre el uso autorizado y el uso efectivo del inmueble.
- Las obligaciones derivadas de reformas o adecuaciones.
- Los protocolos internos de atención de emergencias.
La gestión preventiva de estos asuntos no solo reduce riesgos sancionatorios, sino que permite anticipar contingencias operativas y fortalecer la posición jurídica de las compañías frente a eventuales reclamaciones.
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