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Martes, 2 de septiembre de 2014

Por mi parte, creo que esta sentencia es significativa. No por esta razón, sino porque nos debería invitar a pensar en las cosas que en ella no se dicen. En este espacio, entonces, voy a tranquilizar a las personas conservadoras diciéndoles por qué esta sentencia no es tan incluyente como están pensando, y también les escribiré a las personas liberales y progresistas para que no celebren tanto.

Claramente, este pronunciamiento reivindica el ser homosexual, y se vale de la ciencia médica para demostrar que las personas homosexuales no representan peligro para la sociedad o para los menores. Con ello, la Corte Constitucional comienza a desmitificar una serie de imaginarios que se han construido sobre esta población. Gracias a ella, algunas parejas podrán ver la adopción como algo que por fin es posible, pero ¿qué clase de parejas pueden adoptar? La respuesta es: parejas que tengan una unión y un trabajo estable, y con los medios necesarios para asegurar una adecuada subsistencia al grupo familiar. En últimas, con la adopción, habrá una boca más que alimentar. Esta es la razón por la cual esta sentencia está dirigida a una minoría dentro de la minoría. Ella deja de lado la cuestión del precario acceso al mercado laboral que tienen las personas homosexuales, la discriminación en el sitio de trabajo para las personas que han decidido hacer pública su orientación sexual, o el afán de esconder la propia condición para no ser despedido. Deja de lado que, para tener una unión y un trabajo “estable”, hay que salir del closet y asumir todas las implicaciones de esa decisión. En fin, se deja de lado que en esta sociedad ser diferente se paga muy caro. Algunas parejas podrán adoptar, y algunos menores de edad tendrán acceso al hogar amoroso que sus padres heterosexuales les negaron, pero eso es todo. Esta sentencia no le dice nada al homosexual que no lo contratan en ninguna parte “porque se le nota”. No le dice nada al joven universitario que tiene que fingir con sus padres para que no lo saquen de la casa. Tampoco le dice nada a todas aquellas personas LGBT que han sido asesinadas por ser diferentes, como es el caso de Álvaro Miguel Rivera, ni tampoco le dice nada a las familias de aquellas personas que, sin ser homosexuales, defienden la causa de la inclusión, como fue el caso de Norberto Salamanca, aquel notario que recibió cartas amenazantes por celebrar “muchas” uniones maritales de hecho entre personas del mismo sexo y quien fue asesinado en 2008. Esta sentencia no le dice nada a muchas personas y no protege a tantos como parece. 

Es claro que exigirle a la Corte Constitucional que solucione, en una sola sentencia, tanta infamia y tanta discriminación puede ser algo exagerado. Algunos podrían decir que las cortes resuelven un caso a la vez. Otros dirán que, lamentablemente, nuestros jueces no son héroes filósofos capaces de aplicar adecuadamente nuestros principios jurídicos y morales en el caso que revisan y sus decisiones nunca podrán ser correctas del todo. Algunos más podrían afirmar que nuestros jueces sólo deben encargarse de examinar el proceso democrático, en vez de defender alguna visión sustantiva. Otros más, finalmente, podrían decir que las cortes no tienen nada que decir y que deben ser los ciudadanos los llamados a decidir sus problemas como comunidad, tal como lo hace la senadora Viviam Morales con su propuesta de someter esta decisión a referendo. De este modo, la existencia de los jueces es controversial. Pero independientemente de lo que deban o no deban hacer las cortes en una democracia, esta sentencia nos debería invitar a cuestionar la recurrente necesidad de apelar a etiquetas para relacionarnos con los demás. Ella, en vez de ser la respuesta a una disputa, debería ser la excusa para que nos preguntemos cómo tanta discriminación puede ser posible ante nuestros ojos. Esta sentencia, ya lo dije, no resuelve los problemas cotidianos y reales de muchas personas homosexuales, pero lo que sí podría hacer, y nuestra Corte Constitucional, es ponernos sobre la mesa preguntas incómodas, pero necesarias. La Corte Constitucional nos obliga a preguntar si realmente nos pensamos como iguales, o como una comunidad dividida en castas de género, raza o clase. No nos dejemos deslumbrar con esta sentencia que, aunque importante, nos deja el trabajo más importante a nosotros los ciudadanos.