La Comunidad Andina ante una oportunidad histórica

La elección de Keiko Fujimori en el Perú y de Abelardo de la Espriella en Colombia, sumada a los gobiernos de Daniel Noboa en el Ecuador y de Rodrigo Paz en Bolivia, configura un escenario propicio para profundizar el proceso de integración de la Comunidad Andina (CAN). Sus cuatro países miembros quedan alineados bajo administraciones de derecha o centroderecha afines a la economía de mercado, la apertura comercial y la inversión privada. Tal convergencia abre una oportunidad histórica para fortalecer el proceso iniciado con la suscripción del Acuerdo de Cartagena de 1969.

Todo proceso de integración requiere instituciones sólidas, pero también liderazgo político y convergencia de objetivos. Cuando los gobiernos comparten principios económicos fundamentales, resulta más viable adoptar decisiones que exigen coordinación, confianza y visión de largo plazo. La experiencia comparada lo demuestra: los principales avances de la integración europea fueron posibles gracias a una sostenida confluencia política entre sus Estados miembros. La CAN podría encontrarse hoy ante una coyuntura semejante.

La CAN dispone de un valioso patrimonio jurídico e institucional: un ordenamiento comunitario supranacional —regido por los principios de primacía, aplicación inmediata y efecto directo—, una zona de libre comercio consolidada, una estructura organizacional reconocida y más de cinco décadas de funcionamiento. Adicionalmente, cuenta con un tribunal de justicia permanente y muy activo que garantiza la interpretación y aplicación uniforme del derecho comunitario. Todo ello constituye una fortaleza institucional para avanzar hacia etapas superiores de integración.

El primer objetivo debería ser consolidar una unión aduanera. Lejos de ser una aspiración utópica, las condiciones actuales la hacen plenamente viable. El Perú ha apostado decididamente por tratados de libre comercio con las principales economías del mundo. Colombia le sigue los pasos, Ecuador ha iniciado este camino y es razonable prever que Bolivia haga lo propio. En consecuencia, para el corto o mediano plazo, gran parte de los aranceles frente a terceros países podría armonizarse mediante un arancel externo común fijado en 0 % para la mayoría de las partidas arancelarias, preservando únicamente las excepciones estratégicamente justificadas.

La unión aduanera no constituye un fin en sí mismo, sino el presupuesto estructural para la construcción de un mercado común, caracterizado por la existencia de una unión aduanera y la libre circulación de personas y capitales. Los capitales deberían circular libremente dentro del espacio andino, mientras que los ciudadanos andinos deberían tener la oportunidad de estudiar, trabajar, emprender e invertir en cualquiera de los países miembros sin restricción alguna, como si fueran nacionales de dichos países. No tendrían que tramitar la residencia temporal andina ni la permanente.

La integración andina no necesita reinventarse: necesita decisión política. La convergencia de las cuatro administraciones ofrece una ocasión excepcional para culminar una tarea emprendida hace más de medio siglo. Con visión estratégica y desde un enfoque que privilegie el bienestar de los consumidores, la CAN podría dar el salto largamente pendiente: evolucionar de una zona de libre comercio a una unión aduanera y, posteriormente, a un mercado común. El principal beneficiario sería un mercado integrado de más de 119 millones de ciudadanos andinos, con mayor capacidad para atraer inversión, mejorar su capital humano, generar empleo de calidad y fortalecer la competitividad internacional de la región.