El derecho al olvido en Colombia: entre la dignidad y la memoria digital

El derecho al olvido, aunque no reconocido expresamente en la legislación colombiana, se ha convertido en un eje crucial del debate jurídico contemporáneo. Este concepto plantea la posibilidad de que una persona solicite la desvinculación o supresión de información personal que, aunque veraz, ha perdido relevancia y afecta su dignidad, honra o intimidad.
En un entorno donde los motores de búsqueda conservan y difunden contenido de forma indefinida, la permanencia de ciertos datos puede representar una forma de estigmatización digital. Un error del pasado, una acusación superada o simplemente un dato descontextualizado puede continuar siendo el primer resultado de una búsqueda en línea, condicionando oportunidades laborales, personales o sociales.
Para quien ha sido señalado, incluso sin consecuencias legales o morales vigentes, el rastro digital se convierte en una forma de prisión invisible. Presentarse con su nombre puede ser suficiente para ser reducido a su peor momento.
En abril de 2025, El Consejo de Estado abordó un caso donde una persona solicitó la desindexación de una sentencia antigua que afectaba su vida actual. Era pública y veraz, pero su continua presencia en los motores de búsqueda afectaba negativamente su vida personal y profesional, ya que los hechos allí descritos habían perdido relevancia con el tiempo y ya no reflejaban su situación actual, y vulneraba sus derechos a la honra y el buen nombre.
La Corte ha establecido que debe realizarse un juicio de ponderación caso por caso, en el que se evalúe la veracidad, actualidad, relevancia pública y posible afectación de la información. La libertad de expresión no debe ser un obstáculo para proteger la dignidad de las personas en entornos digitales.
El derecho al olvido debe ser objeto de regulación legislativa clara. Es urgente establecer un marco normativo que defina cuándo procede la desvinculación de contenidos, qué autoridad debe tramitar estas solicitudes y cómo se ponderan los derechos en conflicto.
Mientras tanto, y con los pocos precedentes que hay los medios de comunicación y plataformas digitales pueden adoptar buenas prácticas: limitar el acceso a contenidos sensibles cuando su permanencia no esté justificada, responder a solicitudes de actualización o contextualización, y promover la ética en la gestión de la memoria digital.
El derecho al olvido no busca reescribir la historia, sino garantizar que el pasado no se convierta en una barrera permanente para el presente. En un mundo que recuerda todo, también deberíamos aprender a dejar que el pasado no defina el presente. Colombia tiene la oportunidad de liderar este debate con una visión que respete la memoria, pero, sobre todo, la dignidad humana.