jueves, 23 de noviembre de 2023

No es de extrañar que los medios de comunicación y opinadores a menudo expresen puntos de vista ajenos al derecho penal, ya que su conocimiento no es acerca de las dinámicas propias de este procedimiento, ni de sus principios rectores. Sin embargo, el verdadero conflicto y lo que si es inadmisible, surge cuando aquellos que deberían ser custodios de la justicia, como los fiscales y procuradores, quienes de primera mano conocen las minucias del proceso penal, optan por desconocer los derechos y garantías en lugar de salvaguardarlos, socavando la dignidad de la defensa y, por ende, debilitando la confianza y la objetividad en el sistema judicial, puesto que, desvían el camino hacia el cual debería estar orientado el proceso, amenazando los cimientos de los derechos y garantías fundamentales que sostienen nuestro sistema judicial.

En los últimos meses, hemos sido testigos de tal vez, lo más graves incidentes que amenazan la integridad de la profesión de los abogados defensores, en casos aislados pero delicados, algunos de ellos incluso, provenientes de las más altas instancias. Por ejemplo, solicitar la revisión de excusas médicas presentadas por abogados o procesados a Medicina Legal, violando el absoluto el secreto profesional entre médico y paciente, así como también está ocurriendo entre abogado y cliente, sin siquiera presumir la buena fe.

Un caso particularmente inquietante es el comportamiento de cierto fiscal estrella, quien, en lugar de respetar y proteger los derechos de los sujetos procesales, buscan socavarlos alegando dilaciones por la presentación de solicitudes validas y legitimas, que hacen parte del derecho de defensa que le asiste a cualquier procesado, sea quien sea.

Las amenazas con la compulsión de copias por el ejercicio de recursos legales válidos revelan una peligrosa tendencia a violar garantías fundamentales. Este tipo de acciones no solo desencadenan una desacreditación de la profesión, sino que también erosionan la confianza, en la imparcialidad y la equidad de nuestro sistema judicial e intensifican aún más la desigualdad de armas que tanto hemos criticado.

Es esencial recordar que el debido ejercicio de la defensa es un pilar fundamental de la justicia, y su integridad y dignidad deben ser resguardadas a toda costa. Los fiscales y procuradores, como representantes del Estado, tienen la responsabilidad de ser los guardianes de la equidad, la legalidad y el respeto estricto de los derechos y principios. Cualquier desviación afecta sustancialmente la base misma sobre la cual se construyen los pilares de nuestro ordenamiento jurídico.

En estos tiempos críticos, es necesario que defendamos el ejercicio de la profesión y persistamos en los derechos que a nosotros como abogados y a nuestros clientes les asisten, puesto que la justicia no puede ser sacrificada en aras de la conveniencia o la presión mediática. La defensa merece el máximo respeto, y cualquier intento de socavar la dignidad de la profesional debe ser abordado con la seriedad que merece.