jueves, 16 de abril de 2015

El propósito de la Ocde es promover políticas que incrementen el bienestar social y económico de la gente alrededor del mundo. La tributación es uno de los asuntos de gran importancia para la Ocde.

En este sentido la Ocde viene estudiando desde el 2012 la forma de combatir la erosión de las bases imponibles y la transferencia de beneficios (Base erosion and profit shifting -Beps-).

La tributación plantea una confrontación entre los Estados y las empresas. Por un lado, los Estados tienen legislaciones tributarias complejas y facultades para imponer sanciones, pero también pueden ser lentos en la gestión de sus tributos. Por su parte, las empresas privadas pueden ser más eficientes y dinámicas.

En esta lucha, las grandes empresas tienen la posibilidad de implementar esquemas de planeación tributaria internacional. De esta forma, logran reducir sus bases de impuestos o transferir sus actividades, activos o beneficios económicos hacia jurisdicciones donde reducen o eliminan sus tasas de tributación.

Esto se evidencia, por ejemplo, cuando se localizan los ingresos de una sociedad en jurisdicciones con bajas tasas de tributación y se mantienen los gastos en jurisdicciones con tributación más alta. Esta situación posibilita que las empresas escapen a los controles de los Estados o escondan parte de sus ingresos o activos. Esta actividad, usando el lenguaje financiero, podría ser considerada un “arbitraje legislativo”.

En este contexto, los Estados que más dependen de los impuestos que pagan las empresas, se dedican a buscar el recaudo entre las empresas medianas y pequeñas, que no tienen aún la capacidad para implementar estrategias de planeación tributaria internacional.

Así, cuando un Estado eleva su tasa de tributación de renta, por ejemplo, del 25% al 33%, aunque se aumente el recaudo, quienes pagan el aumento del impuesto son las mismas empresas que ya lo pagaban y que los Estados pueden controlar más fácilmente.

De otro lado, las empresas que tienen esquemas de planeación tributaria internacional, pueden implementar sus estrategias para pagar un impuesto de renta en otro Estado, donde la tarifa es menor al 25% o no existe el impuesto de renta.

Es decir, para estas empresas una reforma así planteada no tiene ningún efecto. Pueden seguir obteniendo dobles exenciones o dobles deducciones. Asunto que sin duda le corresponde solucionar a los Estados. Por el contrario para sus competidores o nuevas empresas ese cambio las hace menos competitivas y les dificulta su acceso al mercado.

El arbitraje legislativo es una actividad legal, que busca la maximización de una serie de vacíos o contradicciones jurídicas entre varias legislaciones.

Para perseguir los beneficios económicos que se están escabullendo hacia jurisdicciones más atractivas tributariamente, los Estados deben modificar su estrategia de recaudo. Ya no  pueden ejercer los controles sobre sus contribuyentes solos, necesitan el apoyo de otros Estados para evitar que las grandes empresas puedan aprovechar los espacios que dejan abiertos las legislaciones.

Es por esto que los Estados están estudiando los Beps y en foros como el de la OCDE y el G20 se está trabajando para identificar las modalidades, efectos y las medidas para contrarrestar sus efectos. 

En el primer estudio publicado por la OCDE, en el 2012 (Addressing Base Erosion and Profit Shifting) se detectaron 15 acciones para enfrentar a los Ocde.

Estas acciones abarcan el planteamiento de los retos de la economía digital, la necesidad de normas anti abuso, la revisión de la regulación de los establecimientos permanentes, el examen de las normas de los precios de transferencia y la búsqueda de un tratado multilateral que refleje los nuevos retos de la fiscalidad internacional. Sobre este trabajo, la Ocde ya ha presentado otros tres estudios donde se ha ahondado en estos asuntos.

Con los resultados que los Estados vayan obteniendo en su investigación de estas actividades se seguirá avanzando en establecer acuerdos y coordinar acciones entre Estados para reducir o impedir los efectos negativos que tienen los Beps.

De hecho, Colombia ya ha empezado a desarrollar algunas de las recomendaciones de la Ocde para combatir los Beps. Entre estos avances se encuentran: la implementación de normas anti abuso, la introducción de la regulación sobre establecimientos permanentes, el examen de las normas de los precios de transferencia, las medidas para compartir la información de los contribuyentes en el país y la declaración para considerar paraísos fiscales a algunos Estados. Con el interés de Colombia en entrar a la Ocde no se harán esperar otras medidas.