sábado, 4 de junio de 2022

El arbitraje permite que las partes de una controversia defieran su solución a particulares autorizados constitucional y legalmente. Sin duda es uno de los mecanismos que por excelencia contribuye a una justicia eficiente y especializada. Ahora bien, este mecanismo es oneroso, lo cual puede volverse un limitante para que algunos eventuales usuarios accedan a este.

Pero resulta que este obstáculo puede superarse. Desde 2012, el Estatuto Arbitral creó el arbitraje social, el cual, si bien es poco conocido y usado, tiene un potencial inimaginable para contribuir a la justicia en Colombia. En este artículo quiero contarles un poco de este tipo de arbitraje y de un proyecto en el que estamos trabajando desde el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá (el “Centro”) y su Red Juvenil de Arbitraje (la “Red”) con el fin de difundir y fortalecer el arbitraje social.

El arbitraje social tiene una característica que le da especial relevancia para el acceso a la justicia en Colombia: su gratuidad. Las partes no tienen que pagar honorarios al tribunal arbitral ni gastos de administración al centro de arbitraje. Y, si bien actualmente se contempla para controversias de hasta 40 salarios mínimos, el proyecto de reforma al Estatuto Arbitral contempla aumentar esta cuantía a 100 salarios mínimos. Además, precisa que la población objeto de este arbitraje será la perteneciente a los estratos 1, 2 y 3.

A estas ventajas se suma el hecho de que el Centro acaba de expedir su reglamento de arbitraje abreviado, el cual es aplicable al arbitraje social. Así, un procedimiento de esta naturaleza tendrá una duración de tan solo 60 días hábiles desde la finalización de la primera audiencia de trámite. Adicional, la totalidad del procedimiento se conducirá virtualmente y prescindirá de algunas etapas del proceso arbitral nacional, con el fin de aumentar la celeridad.

A pesar de estas grandes ventajas, el poco conocimiento sobre el arbitraje social en el país ha llevado a que su uso sea, infortunadamente, mínimo. Es por ello que, desde el Centro y la Red, estructuramos y estamos desarrollando el proyecto Arbitraje para Colombia. Su propósito es potenciar el arbitraje social con el fin de garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia.

Con este objetivo, conformamos un equipo de funcionarios del Centro y miembros de la Red expertos en arbitraje que ejercen su práctica en firmas de abogados, empresas y entidades estatales. Con ellos estamos capacitando a estudiantes de consultorios jurídicos para que asesoren y sean apoderados de parte en arbitrajes sociales, representando a la población usuaria de estos consultorios. Para ello, el Centro ha celebrado convenios con cinco universidades, incluyendo la Universidad de Los Andes, la Universidad El Bosque y la Pontificia Universidad Javeriana, y está en marcha de celebrar adicionales con la Universidad Nacional y la Universidad del Rosario, entre otras. Igualmente, capacitaremos a empresas, en especial, micro, pequeñas y medianas, con el fin de que puedan conocer desde una visión práctica las ventajas que para el desarrollo de los negocios conlleva el uso de este mecanismo.

El arbitraje social es, en definitiva, para todos. El aumento en su uso constituye una alternativa para cerrar las brechas en el acceso a la justicia en Colombia y permite a las personas acceder a un mecanismo de solución de conflictos especializado y eficiente.