viernes, 3 de junio de 2022

En Colombia, la construcción de un metro puede tardar hasta 50 años a partir del momento que se presenta su necesidad o se idea el proyecto hasta su concreción; 24 kilómetros de una autopista como la ALO Sur o la ampliación de la Autopista pueden tomar cinco años. Un proceso judicial requiere, en promedio, cuatro años en una instancia, las investigaciones penales, disciplinarias o fiscales quizás tarden otro tanto, especialmente cuando el delito es de cuello blanco.

La pandemia del covid-19 empezó oficialmente hace dos años y con ella una carrera frenética por la búsqueda de un remedio, antídoto o vacuna para contrarrestar el virus. No entraré a discutir sobre los mecanismos para financiar la investigación que llevó a los resultados actuales. En cambio, sí a exaltar las bondades del sistema de propiedad industrial, especialmente reflejadas en los sistemas de patentes y de protección a la información confidencial.

El primero, el de patentes, tiene como característica principal constituir uno de los principales repositorios del estado de la técnica (o del arte). Cada año se presentan aproximadamente tres millones de invenciones, que terminan publicándose, así no se patenten, y que permiten desarrollar innovaciones y mejorar las existentes, pero también tener información sobre la propiedad de una tecnología o su disponibilidad para explotarla, lo que permite acortar los tiempos de búsqueda para la configuración de proyectos de investigación o explotación conjunta de tecnologías de todo tipo.

El segundo, de información confidencial, ofrece una especie de póliza de seguro, que le permite a varios actores compartir su know how con las consecuencias de su infracción, lo que también facilita las transacciones y los acuerdos de investigación.

Precisamente estas herramientas fueron las habilitantes para que varias empresas y universidades pudieran reaccionar rápidamente e iniciar sus trabajos de investigación y desarrollo de varias de las vacunas que hoy tenemos contra el covid, logrando en tiempo récord la posibilidad de producirlas, incluso mucho antes de que cualquiera de ellas pudiera ser estudiada como patente por los mismos gobiernos; es decir, ni en 2020 ni en 2021 había una patente concedida para alguna de las vacunas.

El principal problema para solucionar ya no era encontrar y desarrollar la vacuna, sino distribuirla a las más de 6.000 millones de personas que la necesitábamos. Dicho problema no tenía nada que ver con la existencia de patentes, sino con la suficiencia de insumos para producirlas y satisfacer la demanda, como lo explicó el Instituto Alemán Max Planck. En otras palabras, aun ante la posibilidad de producción de vacunas por cientos o miles de laboratorios de cada país, incluyendo Colombia, el problema se mantendría, sin mencionar los tiempos que toman en nuestro país todos los procesos administrativos y logísticos para iniciar y poner en funcionamiento la producción de vacunas.

Los primeros lotes de vacunas empezaron a llegar a Colombia hace poco menos de un año, y sin embargo, activistas, economistas, exministros y hasta expresidentes empezaron a promover la creación de regímenes excepcionales y hasta expropiatorios de las patentes de las vacunas, cuando para entonces tampoco había patentes, y a secundar las iniciativas de otros países para acudir a la OMC y activar el mencionado régimen excepcional, mientras domésticamente se aprovechaban proyectos legislativos para incluir normas que desconocerían los posibles derechos de propiedad intelectual en tiempos de emergencia y pandemia.

Por eso hoy, más que reactivar una controversia, quisiera reconocer y agradecerle al sistema de propiedad industrial su existencia y que haya funcionado como lo hizo precisamente para combatir la pandemia con los resultados que hoy son innegables.