lunes, 23 de febrero de 2015

La semana pasada el Presidente Santos en un tono vehemente, ese tono que brilla por su ausencia en la casi totalidad de sus alocuciones, ese tono que más le quisiéramos oír, en contraposición a la tibiedad que lo caracteriza, denunció que los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura estaban haciendo Lobby en el Congreso de la República para evitar su eliminación.

No obstante el antagonismo que ha caracterizado al Consejo Superior de la Judicatura, muchos poco saben que hace este polémico tribunal, compuesto por dos salas una Disciplinaria y una Administrativa

La Sala Disciplinaria cumple funciones jurisdiccionales y disciplinarias y la Sala Administrativa tiene la función de administrar toda la Rama, pero como quedó diseñada en la Constitución del 91 funciona como un tribunal, y sus funciones no son de naturaleza jurisdiccional. Lo que se necesita no es una corte o un tribunal sino un órgano administrativo, un gerente.

La Constitución Política de 1991 estableció un régimen presidencial con períodos de cuatro años, sin reelección. A partir de esto es que se fijaron los períodos de los magistrados de la rama judicial, y de los entes de control. Con este modelo lo que se quería era garantizar la separación de los poderes y el sistema de frenos y contrapesos.

Con ocasión del daño que se le hizo a la institucionalidad del país, cuando a un pretérito presidente se le ocurrió ajustar la Constitución Política a sus propios intereses, se hizo necesario tramitar un proyecto de reforma constitucional que tenía como finalidad, según ha dicho el propio gobierno, restablecer el perdido equilibrio de los poderes. 

La reforma propuesta plantea modificaciones que en vez de equilibrar los poderes, los desequilibra aún más, toda vez que le otorga mayores facultades al Ejecutivo, y si bien la misma tiene como principal objetivo eliminar la reelección presidencial inmediata, se le han colgado otros temas estructurales que buscan una reforma política y una reforma a la justicia.

Dentro de los aspectos más relevantes de la reforma propuesta encontramos la eliminación de la figura de la reelección presidencial, el reemplazo de las funciones de la Comisión de Acusaciones con la creación de un tribunal de aforados que tenga como función investigar a los magistrados de las altas cortes, al fiscal general, al contralor y al procurador y la eliminación del polémico Consejo Superior de la Judicatura.

Ahora bien, a  tres semanas de que se reinicien las sesiones por parte de nuestros honorables Congresistas, y con ellas por supuesto se dé inicio a la segunda vuelta del proyecto de equilibrio de poderes, nos enteramos de boca del Presidente de la República, de los devaneos que la mayoría de los magistrados de la Judicatura han venido haciéndole a los Congresistas, a efectos de frenar su inevitable eliminación.

Sin embargo, y aunque el Congreso votó por su eliminación, no se puede menospreciar la capacidad de persuasión de los ilustres magistrados frente a nuestros prístinos legisladores.

El problema de una justicia politizada es que frente a la eliminación, los magistrados seguramente estarán negociando cuotas burocráticas y haciendo ofrecimientos de todo tipo, que pondrían en riesgo la eliminación de una institución inoperante y propensa a los escándalos.

Al actual proyecto le faltan varios debates, por lo que cualquier cosa podría pasar, pero al margen del resultado, es indudable que dichas prácticas son desvergonzadas, que rayan en la indignidad toda vez que son funcionarios pagados con recursos públicos buscando proteger intereses particulares.

Abogado
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los magistrados seguramente estarán negociando cuotas burocráticas y haciendo ofrecimientos de todo tipo.