Duopolio en el aire: la integración Tigo–Movistar y la competencia que queda

La aprobación de la integración entre Tigo-UNE y Movistar a través de la Resolución 94169 de 2025, marca uno de los movimientos más importantes del mercado móvil colombiano en los últimos años. La decisión de la SIC, acompañada de condiciones y salvaguardas regulatorias, reconoce la presión financiera del sector, pero también confirma que Colombia entra en una estructura cada vez más concentrada, donde dos operadores dominan la mayor parte del mercado.

Este no es un fenómeno aislado. El mercado colombiano ya mostraba señales de concentración antes de esta operación: por un lado, la CRC había declarado a Claro como operador dominante en varios mercados relevantes; por otro, la integración UNE–EDATEL–Tigo aprobada mediante la Resolución 24527 del 15 de abril de 2014 redujo aún más el número de competidores con infraestructura propia y capacidad real de presión competitiva. Por eso, cuando la SIC autoriza en 2025 la integración Tigo–Movistar, lo hace sobre una estructura que ya venía marcada por barreras de entrada históricas.

La experiencia internacional ofrece lecciones parecidas. En Portugal, la Autoridade da Concorrência prohibió en 2024 la adquisición de NOWO por parte de Vodafone, al advertir que el mayor control sobre el espectro reforzaría las barreras de entrada y facilitaría comportamientos coordinados. Y la OECD ha documentado que, en Europa, los altos costos hundidos y la infraestructura intensiva dificultan que nuevos operadores ingresen y presionen la competencia.

Con una participación combinada cercana al 41,5 % del mercado, la integración genera inquietudes reales. Menos jugadores significa menor presión para innovar, planes menos diversos y riesgo de incrementos graduales en las tarifas. Para los OMV, la situación es aún más delicada: depender de un operador integrado con mayor poder de negociación puede afectar su sostenibilidad y reducir la pluralidad del ecosistema.

La SIC impuso condiciones, y la CRC deberá vigilar de manera estricta los compromisos de inversión, apertura de redes y calidad. La integración puede ser una oportunidad para ampliar la cobertura rural, modernizar infraestructura y mejorar velocidades, pero solo si el regulador exige metas verificables y sanciones efectivas. Sin ese control, la operación puede consolidar un duopolio cómodo para las empresas e incómodo para los usuarios.

La conectividad es hoy un insumo esencial para la economía y la participación ciudadana. El reto no es autorizar o negar integraciones, sino garantizar que estas no dejen al país atrapado entre dos gigantes sin alternativas reales.