lunes, 27 de enero de 2020

En esta ocasión, lanzo una propuesta que considero novedosa. El país no puede seguir creciendo a la mediocre tasa de 3% o 4%. Tenemos que ser más ambiciosos, sobre todo, después de haber alcanzado la paz. Hace 40 años, Colombia tenía una economía similar a la de Corea del Sur, con un ingreso per cápita de alrededor de US$1.300. Hoy ese país, después de una gran revolución industrial y tecnológica, ha superado los US$30.000 de ingreso per cápita lejos de nuestros US$6.900. Hace 20 años, la economía de Turquía era similar a la nuestra en tamaño y desde entonces ambas naciones se propusieron darle la mayor prioridad a la inversión en carreteras de doble calzada y otras obras de infraestructura. Si bien nuestro país ya supera 1.000 kilómetros en autopistas, ello no representa ni la tercera parte de los kilómetros construidos en el mismo periodo por los turcos.

Crear las condiciones para que el país crezca a una tasa mayor de forma constante y sostenida es difícil en el corto plazo, debido a muchas razones, pero principalmente a la fragilidad de nuestras instituciones.

Aspirar a que los mejores cerebros del emprendimiento y los grandes capitales destinados a la inversión escojan a Colombia, en vez de localizarse en otros lugares del planeta, es difícil por las escasas garantías de seguridad jurídica que ofrece nuestro sistema. Hay una gran complejidad normativa, múltiples ambigüedades en la interpretación y aplicación de la ley, y gravísimas demoras en el sistema de administración de justicia.

Los empresarios que pretendan hacer valer un contrato ante los jueces colombianos o que quieran resolver una disputa marcaria o de competencia desleal, se enfrentan a una gran incertidumbre. Por ello, cada vez es más común ver que contratos que se ejecutan en Colombia escogen tribunales extranjeros y aplican leyes extranjeras para resolver las eventuales controversias que se susciten, siempre que ello sea posible.

Propongo crear una figura de origen legal que podría denominarse Enclaves de Máximo Desarrollo (EMD) que se localizarían en sitios específicos de la geografía nacional, con un área limitada a no más de 4.000 kilómetros cuadrados, ojalá en los territorios más apartados o deprimidos, enclaves que tendrían un régimen legal especial enfocado a atraer la inversión y aumentar notablemente la productividad.

El objetivo primordial será, a manera de prueba piloto, demostrar que si se construye un entorno de seguridad jurídica y solidez institucional se puede llegar a niveles de crecimiento económico por encima de 10%.

El primer paso, después de creado un EMD, será darle vida a la jurisdicción comercial especializada, que ya fue concebida legalmente, instalando un número suficiente de juzgados en cada EMD para resolver con eficiencia y en no más de seis meses, todas las controversias que involucren a empresarios radicados en la zona especial, incluyendo los pleitos marcarios, temas antidumping y competencia desleal.

Las entidades públicas cuyas funciones agregan valor a la actividad empresarial, harán presencia directa en la región y tendrán suficientes recursos para comprometerse a que allí todas las solicitudes de permisos o licencias, y la realización de trámites gubernamentales se realicen en línea, con transparencia y mucha prontitud. A esto se sumará la creación de condiciones tributarias más favorables y la constitución de fondos muy grandes de capital de riesgo para fomentar el emprendimiento.

Los colombianos pueden ser tan innovadores como los países que han transformado sus economías en tan solo 20 años. Nuestro lastre radica en la debilidad de las instituciones. Si creamos un pequeño país de alta productividad dentro del país, podremos comprobarlo y empezar a expandir sus efectos hacia el resto del territorio.