Viernes, 25 de mayo de 2018

En nuestro país hay jóvenes emprendedores que tienen elaborada una idea de negocio y que estarían dispuestos a jugársela por poner en práctica su proyecto; pero a la hora de la verdad, se tropiezan con varios obstáculos que hacen que la mayoría de ellos desistan.

La inseguridad jurídica, es decir, la falta de claridad sobre las normas que rigen la actividad empresarial y la ineficiencia y mala calidad del servicio de justicia, elevan el riesgo de invertir en Colombia, hecho que en algunas ocasiones resulta imposible de soportar. Constituir la empresa es relativamente fácil y es de las pocas cosas claras y ciertas. De ahí en adelante, casi todo es incierto.

Por cuenta de la capacidad que en ocasiones muestran los abogados de enredarlo todo y de la falta de fortaleza en la rama judicial, normalmente todo termina siendo relativo y, se puede probar hasta que un perro es un gato.

Cualquier principio categórico que enarbola la jurisprudencia, termina degradado a punta de excepciones y modulaciones (a las que les van abriendo camino las mismas Cortes), con lo cual toda situación de hecho tiene alguna jurisprudencia que se le acomoda.

Lo grave es que no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en lo fundamental. No siempre es claro si un acto administrativo o una providencia ha quedado ejecutoriada. No siempre es claro si una norma está vigente o derogada. Tampoco es claro si el reclamante tiene viva su acción y, se dan largas discusiones sobre la aplicación de la caducidad o la prescripción. También fascina a los juristas discutir sobre si el asunto corresponde a la jurisdicción ordinaria o a la contencioso-administrativa.

Las Altas Cortes suelen hacer un esfuerzo valioso para crear test o conjuntos de criterios que sirven para valorar bajo el mismo parámetro diferentes situaciones de hecho de la misma temática, pero cometen el error de incluir en el corazón de cada tesis jurídica adjetivos como: “razonable”, “proporcional”, “ponderado” o cualquier otro elemento que, al final, le abre la puerta a la subjetividad de cada juez que interpreta dicho marco conceptual. Por ello, increíblemente en distintas Cortes y en distintas salas de la misma Corporación se llega a conclusiones opuestas, utilizando supuestamente el mismo rasero conceptual. Muchas instituciones jurídicas que tienen definiciones impecables, terminan con aplicaciones complejas y contradictorias.

Casi todas las facetas de la vida empresarial están atravesadas por un manto de inseguridad jurídica. En el lado de las relaciones con los trabajadores hay varios terrenos donde reina la falta de certeza, especialmente ahora que la jurisprudencia laboral viene más desde el lado constitucional que de la propia Corte Suprema de Justicia. En el campo de los proveedores y contratistas, la situación no es mejor por la enorme dificultad que representa el tratar de hacer valer un contrato ante los jueces, incluso si el documento presta mérito ejecutivo. Los procesos son demorados e inciertos. En el frente de las relaciones con la autoridad tributaria son múltiples las zonas grises, al igual que en todos los ámbitos de la supervisión estatal. Hay sectores sobre regulados, donde se traslapa la acción de unas superintendencias con otras. En lo penal, la incertidumbre es mayúscula y aún el empresario honesto y cumplidor de la ley, se siente nervioso ante el mar de tipos penales y la alta relatividad en su interpretación.

La seguridad jurídica es un fin primordial del Estado, pues tiene directa relación con el desarrollo social y económico. Un país es un mercado que compite con otros. Si nuestro ordenamiento jurídico no ofrece señales de claridad, eficiencia y estabilidad, el inversionista racional se verá más interesado en llevar sus inversiones hacia otras latitudes. Es preciso tomar este asunto como una prioridad no sólo de la Rama Judicial o de los abogados, sino de todos los colombianos.