martes, 27 de febrero de 2024
Más de 6 meses después de que se conociera la terna para ocupar el cargo de Fiscal General de la Nación, el país sigue sumido en la incertidumbre por no conocer el reemplazo de Francisco Barbosa, quien deja el cargo en medio de confrontaciones políticas y de cifras que le han merecido numerosas críticas del oficialismo, el periodismo e incluso de la oposición de gobierno.
Entre las cifras entregadas por la Corporación Excelencia en la Justicia, preocupa que sólo el 2,7% de los casos conocidos por la Fiscalía durante el último periodo llegaron a una sentencia, mientras que el 80% de las investigaciones fueron objeto de archivo, lo cual, además, pone en tela de juicio los números entregados en el informe de gestión rendido por el Fiscal saliente.
Pero más allá de las cifras, preocupa que la dilación en la elección del Fiscal obedezca a la falta de quorum de la Corte Suprema, en primera medida; y posteriormente a que ninguna de las candidatas haya obtenido los votos necesarios para ocupar el cargo.
A ello se le suma que, gracias a las órdenes — o arengas — emitidas desde las cuentas de las plataformas de la Casa de Nariño, la Corte se haya visto hostigada por movilizaciones ciudadanas exigiendo la elección inmediata del Fiscal y desconociendo la autonomía e independencia de esta corporación.
Como si fuera poco, recientemente la CIDH requirió al Estado colombiano para culminar este proceso, señalando que la falta de designación del Fiscal General podría debilitar el sistema de justicia colombiano, ya que a partir del 12 de febrero la institución quedó bajo un mandato interino que mantiene esta elección en un limbo jurídico.
En este comunicado, la CIDH no solo requirió a la Corte Suprema para acelerar la elección del Fiscal General, sino que también instó a los funcionarios del poder ejecutivo a garantizar las condiciones para que el proceso de elección pueda llevarse a cabo sin interferencias de ninguna índole.
Este limbo se da porque, entre otras cosas, la elección de estos cargos se ha visto influenciada por las ramas del poder público y por sectores políticos, lo cual pone en riesgo el funcionamiento de las instituciones colombianas, amenaza gravemente al sistema de check and balances y supone incluso la posibilidad de que deba ternarse nuevamente a los candidatos.
Lo anterior demuestra que es urgente que el proceso de elección de este tipo de cargos sea reformado, estableciendo límites temporales para realizar la designación y creando alternativas que permitan culminar estos procedimientos ante la falta de consenso entre los llamados a elegir.
Algunos incluso señalan que el problema radica en que el Presidente es quien define la terna. Ante ello, se ha sugerido que sean otras instituciones como el Consejo Superior de la Judicatura quienes ternen a los candidatos de acuerdo con su trayectoria y que sea el Presidente quien realice la elección.
Este mecanismo otorgaría mayor protagonismo a las competencias de los candidatos y aseguraría que el proceso de elección no se viera comprometido por la falta de consenso. Adicionalmente, garantizaría que la rama judicial analizara previamente si la terna cumple con las condiciones para ocupar cargos de tan alta investidura y que además no se encuentren inmersos en posibles conflictos de interés, lo cual se ha visto reflejado en los últimos nombramientos que ocupan esta cartera.
A pesar de lo anterior, los numerosos intentos fallidos en reformar la justicia demuestran que no se trata de un problema técnico o jurídico, sino de la ausencia de voluntad política para que la Fiscalía General de la Nación sea verdaderamente un ente autónomo e independiente del gobierno y las demás ramas del poder público.
Por ahora, seguiremos en el medio de un mandato interino respaldado por un limbo jurídico cuestionado por las autoridades en materia internacional. Mientras tanto, la aplicación de políticas públicas para enfrentar las altas tasas de criminalidad sigue aplazándose por la falta de consenso y voluntad política, a la vez que los ciudadanos siguen preguntándose inocentemente quién es el responsable.
*Juan Camilo Solórzano Arámbula, Asociado Litigios Dentons Cardenas & Cardenas
