Agregue a sus temas de interés

Agregue a sus temas de interés Cerrar

martes, 1 de octubre de 2019

Estamos a poco menos de 30 días de los comicios regionales. Ya van a media marcha las campañas emprendidas por quienes aspiran a vencer en las próximas elecciones de gobernadores, diputados alcaldes, concejales y demás cargos de elección popular. Por estos días, los medios de comunicación están saturados con un sinnúmero de espacios propagandísticos dirigidos a convencer a los destinatarios de votar a favor de un candidato en específico. También los debates y foros proliferan, fundados en el derecho a la libertad de expresión, para facilitarles a los candidatos vociferar sus propuestas, discutirlas con los demás en contienda, buscar consensos y hasta asumir retos de “talentos” o apelar a las difíciles condiciones con que la vida les trató.

Estos ejercicios políticos son expresiones de la democracia que, como sistema político, nuestra Constitución garantiza y promueve, aun cuando a veces resulte difícil de creer, como ocurre ante la materialización de amenazas, constreñimientos y hasta homicidios. La competencia democrática nos involucra a todos. Algunos participan con más fervor que otros; algunos lo hacen con respeto y lealtad mientras que otros se olvidan de esos postulados. Pero a todos nos toca, porque, al final del día, lo que estamos decidiendo es la forma y el fondo de cómo queremos construir nuestro futuro como sociedad.

Sin embargo, los tiempos de contienda electoral no resultan del todo respetuosos con algunos sectores sociales. Durante estos días suelen escucharse las quejas y reclamos de autores y compositores que abogan por el respeto de sus creaciones intelectuales. En efecto, el afán electoral de algunos candidatos es la causa de múltiples infracciones al derecho de autor o derechos conexos, olvidando que éstos son derechos exclusivos en cabeza de un titular.

Las infracciones al derecho de autor pueden materializarse por trasgresiones tanto del contenido moral como del patrimonial. Algunas campañas políticas modifican, alteran o deforman las obras artísticas o literarias, afectando su integridad. Esto ocurre cuando, por ejemplo, cambian la letra de una canción sin permiso del autor, titular del derecho moral, para dar paso a otras que resalten bondades y atributos de los candidatos, entre otras conductas. Posteriormente, esas obras musicales modificadas son distribuidas mediante redes sociales, chats o semejantes; también son comunicadas públicamente en reuniones políticas o a través de diferentes canales publicitarios, sin que medie licencia de derechos, lo que supone infracciones a los derechos patrimoniales.

Otras conductas están determinadas por la adaptación de obras protegidas a otros formatos o la utilización de éstas en obras derivadas, como cuando utilizan obras musicales como jingles, como música de ambientación de obras audiovisuales, entre otras.

Para colmo de males, esos autores y compositores también sufren afectaciones a su buen nombre y a su imagen, con ocasión de haber sido vinculados a ciertas campañas políticas, aun cuando no lo han consentido libre y voluntariamente. El imaginario común -los electores- los vinculan al político infractor de las obras protegidas, asociando sus principios y valores reputacionales con quien trasgredió sus derechos, a pesar de que nada tengan en común.

Como si no fuera suficiente, cuando el titular de los derechos intelectuales decide iniciar las acciones legales a que haya lugar, son esos mismos políticos -especialmente si han salido victoriosos- los que les crucifican, a pesar de que hoy en día todos ellos están hablando de industrias creativas y económica naranja.