martes, 26 de abril de 2022

Hechos disparatados carentes de cualquier de sentido común termina siendo la única manera para definir la perdida de vigencia del decreto 806 de 2020. En junio de este año dejará de existir la única fundamentación legal clara para el funcionamiento de la justicia virtual. En el país de los legalismos ya empezamos a escudriñar la ley para mantener la virtualidad viva. Son las líneas propias de Macondo. Es puro realismo mágico. Delirios, puros delirios. Mientras la población y todos los que participamos de una u otra forma en la administracíón de justicia vemos como esa solucíón “improvisada”, realizada sobre la marcha, pensada en que la justicia siguiera funcionando de manera remota ante la imposibilidad de convocar audiencias presenciales, se hunde lentamente ante nuestros ojos impotentes y nostálgicos la posibilidad de mantener remota la justicia. Que difícil es sentir que se legisla en contra de la mera evidencia. La mejor y mayor reforma que ha tenido nuestra justicia se esfuma en en el Congreso en medio de cálculos políticos, elecciones y la ausencia de materialización de algún rédito político por su impulso. Un cambio que afectó directamente a los despachos no al capitolio. Dejemos el romanticismo, las únicas reformas a la justicia que tienen respaldo de los partidos terminan siendo aquellas revanchistas, en las que se nos promete modificar las Cortes, tocar al Fiscal General o cambiar la Constitución para adaptar el concepto de justicia al parecer del gobernador de turno. De otro lado, esta “reforma” prematura, precoz, concebida en la urgencia frente al colapso, terminó siendo la mejor solución a una justicia enferma de muerte. Pero claro, como no fue concebida siquiera por los partidos, como no hay honorables padres de la patria a los cuales agradecerles, como esto no potenciara candidaturas al senado ni a la camara, pero si soluciona lo que las anteriores no habían hecho, que no es otra cosa que darle celeridad a los casos del ciudadano de a pie ahorrarando enormes cantidades de recursos, está condenada a la milla verde, a la muerte.

No bastó la tardía conformación de una comisión por el Ministerio de Justicia, que valga la critica, se hicieron de oídos sordos durante dos años. Sordera ante el tumulto de voces calificadas advirtiendo la perdida de vigencia del decreto 806, ya que si bien hoy hay 3 proyectos de ley que pretenden mantener el esqueleto del decreto y, volverlo ley, parece inminente el colapso y la anarquía que tendrá la justicia en los meses (ojalá no años) mientras se adopta la virtualidad. Espero que no se quede en un anhelo nostálgico de lo que alguna vez tuvimos y se fue. Muy colombiano.

Lo que es cierto, en mi criterio, es que todo quedará en manos de los jueces, en cada uno de sus despachos. Por supuesto del Consejo Superior de la Judicatura. Reafirmando lo que para algunos es bueno y otros malo y no es otra cosa que los delirios de republicas judiciales independientes por despacho. Ya se empiezan a revivir escenarios judiciales prepandemia: Sanciones por llegar tarde a audiencias, incluso desplazandose de otros lugares del país. Vuelve el reino de los sellos y las notificaciones personales, las autenticaciones en notaria, los enormes y gigantescos gastos de papel y tinta, los viaticos siempre jugosos de funcionarios y por supuesto, una justicia que a pesar de si misma, ve como se estanca ante los anhelos de eficiencia.

Toda una crónica de una muerte anunciada.
Destacado: “Dejemos el romanticismo, las únicas reformas a la justicia que tienen respaldo de los partidos terminan siendo aquellas revanchistas”.