viernes, 29 de septiembre de 2023
Colombia emite tan solo el 0.66% de gases efecto invernadero de lo producido por los países en todo el planeta. De esas emisiones, menos del 40% proviene del consumo de combustibles fósiles. A su vez, más del 75% se deben al consumo de combustibles fósiles proveniente de vehículos a diésel, dedicados primordialmente al transporte de carga y de pasajeros.
Suena razonable enfocar nuestras estrategias de mitigación a este sector, para alcanzar nuestras metas de reducción de Gases Efecto Invernadero, sin desconocer el esfuerzo de incluir algunos vehículos eléctricos en los sistemas masivos de transporte de las principales ciudades. Reconociendo la importante contribución que supone el incremento en la venta de vehículos eléctricos que se disparó en más de un 152%, en el acumulado de este año, se requiere tomar acción de manera decidida y enfocada sobre el transporte de carga y de pasajeros, para orientar los esfuerzos donde podrían tener un mayor impacto.
El incremento en las ventas de vehículos eléctricos es una muestra de la respuesta que el sector empresarial es capaz de brindar, en respuesta a una oportunidad de negocio y de crecimiento, que ofrece el mercado y que podría ser reforzada con los incentivos adecuados.
Ahora bien, ¿cuántos de esos vehículos eléctricos que están circulando en nuestro país, están destinados al transporte de carga y al de pasajeros? ¿Cuántas electrolineras están dispuestas en nuestras carreteras, en nuestros terminales de transporte público y centros o puntos de carga? Según registros oficiales contamos con alrededor de 210 puntos de carga en todo el territorio nacional para aproximadamente 8.500 vehículos eléctricos en el país, particulares, de carga y de transporte público, lo cual parece bastante deficiente.
Para entender porque no contamos hoy con las condiciones para poder alcanzar la meta que nos trazamos como nación respecto de estos decisivos retos ambientales, aparte de la compleja realidad social en la que vivimos, los retos tecnológicos, de autosuficiencia, de disponibilidad de energía y de infraestructura instalada, debemos entender las deficiencias de nuestro marco normativo.
Tenemos un vacío importante en el marco regulatorio, ausencia de normatividad específica, suficiente y adecuada, que dé incentivos a la inversión. En la Ley 1715 se establecieron incentivos tributarios que han requerido un nivel importante de sofisticación jurídica para su implementación por parte de las compañías que se dedican al desarrollo y la construcción de proyectos de energías renovables.
El cambio de la flota de vehículos debe ser un negocio atractivo para transportadores y la inversión en electrolineras, un negocio rentable para todas las partes de la cadena de consumo. Sin un marco normativo que genere incentivos positivos y atraiga inversión en esa dirección, aunque implique ciertos esfuerzos jurídicos, pensar en dar ese paso de transición energética no pasa de ser más que una mera expectativa.
Requerimos de una política pública que plantee condiciones de mercado para la movilización de recursos al desarrollo de fuentes de energía adicionales a las tradicionales, sin desestimular las existentes, para la inversión en condiciones de infraestructura, incluso en alternativas de reciclaje y disposición final de baterías para los próximos 8-10 años. De lo contrario, el avance a la transición será muy lento y la realidad en la mitigación de nuestro impacto ambiental como sociedad no será una realidad.
Contamos con condiciones envidiables, un territorio como pocos para el aprovechamiento de energía solar, hídrica, eólica, y de hidrocarburos. Una matriz energética que puede ser tan diversa y sustentable que atienda los ciclos de demanda y a las necesidades temporales de nuestro país. Estas condiciones, nos permiten una captación de energía de diferentes fuentes, de manera constante, lo que resulta siendo un criterio esencial para la inversión. Solo debemos asegurarnos de que el resto de los criterios que viabilizan los negocios alrededor de las nuevas fuentes de energía, sean un hecho.
Es así como desde el sector real de la economía, debemos generar acciones más propositivas, que den herramientas al regulador, para asegurar un marco suficiente que permita alcanzar nuestros objetivos ambientales, de seguridad energética y de sostenibilidad económica.
