jueves, 30 de enero de 2014

Lo dice la Presidenta del Consejo de Estado. Que le duele - mucho - “… ver esta deslegitimación de los jueces y magistrados”

Esta columna debería terminar aquí, porque resulta muy difícil sobreponerse al peso de esa triste constatación, por lo que significa y por provenir de quien proviene.

Que la Presidenta de una alta Corte afirme que en 30 años de trayectoria profesional “nunca había visto una situación como la actual” es, por decir lo menos, preocupante. 

Pero no gratuito. 

El Consejo Superior de la Judicatura ha sido escenario de los más aberrantes escándalos: carrusel de pensiones; carrusel de nominaciones; abuso de su posición e influencia indebida por parte de sus magistrados; todo, menos lo que constituye la esencia de sus funciones: gerenciar la rama judicial y disciplinar a los funcionarios judiciales y a los abogados.

La Corte Suprema de Justicia, en mala hora permeada por la cal viva de la politiquería. El presidente Uribe tendrá que responderle a la historia por haber propuesto ese juego y ciertos magistrados (hoy exmagistrados) también cargarán en su conciencia con el peso de haberlo jugado. 

Pretendieron -y siguen en el empeño- convertir a la más seria y admirable Corporación Judicial del continente (que lo fue), en un foco de abusos de toda índole y en un punto de apoyo para hacer política barata, para asegurar altas pensiones y para transarse en pequeñeces como obtener pasaporte diplomático para evitar las filas en los aeropuertos. A esas proporciones quedó reducida la magistratura que ocuparon con lujo de detalles los más eminentes juristas que tuvo el país. De eso, hace algunos años ya. Lo que sabemos hoy es que dos de sus magistrados, avezados como pocos, hicieron tránsito al Consejo Superior de la Judicatura, como quien pasa de la sala al comedor en su propia casa. Una vergüenza para la comunidad jurídica.

El Consejo de Estado, públicamente señalado de ser escenario de tráfico de sentencias, casos que nadie sabe en qué andan y por gracia de los cuales fueron a dar a la cárcel unos sustanciadores y escribientes. Pero nada más.

Y la Corte Constitucional, creada para salvaguardar la Constitución de 1991 y hoy reducida a una precisa maquinaria de equilibrio político, sin norte filosófico que le permita ocupar el lugar que le confió la Carta Política que nos rige. 

En todos los casos, claro está, con honrosas excepciones, pero excepciones al fin y al cabo.

De la Fiscalía es mejor no entrar a hablar porque allí ni siquiera caben las excepciones. 

Entonces la magistrada Rojas no descubre nada nuevo, es cierto, pero es la primera que tiene el gesto de reconocer la enfermedad al señalar, lo cual sería noticia en un país serio, digamos más noticia que la lesión de un futbolista, que “nosotros tenemos que hacer que la gente vuelva a creer en nuestra probidad…”

Qué puede esperar la ciudadanía entonces, de una administración de justicia que reconoce, por boca de una de sus más altas dignatarias, todo lo que ha quedado transcrito.

Por esa razón, quienes acudimos ante la administración de justicia para defender intereses de quienes nos contratan, estamos en la penosísima necesidad de advertirles sobre las numerosas variables que deben afrontarse para obtener resultados favorables. Entre ellas está, dolorosamente, la de advertir que existe un riesgo latente, asociado a la morosidad, de caer en manos de funcionarios venales, que entiendan su papel en la sociedad como lo hacen muchos de sus jefes en las más altas jerarquías judiciales. Con honrosas excepciones claro está, pero excepciones al fin y al cabo.

Ahora se cocina una nueva reforma a la justicia, que le corresponderá tramitarla al nuevo Congreso, que ya se intuye como va a quedar conformado, para colmo de males por iniciativa de este Gobierno, que en su segundo tiempo ya habrá perdido del todo el poco interés demostrado en el primer periodo con respecto a la Rama Judicial.      

La funeraria ambulante
Inexcusable, por la falta de autoridad que desnuda, que el Inpec haya permitido un velorio ambulante para que el esmeraldero Rincón - un sindicado más pero no de mejor categoría que los demás- hubiera recibido la visita del cortejo fúnebre de su hijo en la cárcel de Ibagué.

Discriminatorio para los demás reclusos que atraviesan por esa situación y totalmente injustificado, como no sea bajo la óptica que se impuso en Colombia: que el poder lo tienen los que pueden pagar cualquier conciencia o los que mayor capacidad tengan de generar terror.