jueves, 8 de mayo de 2014

Sin el ampuloso ánimo de citarme a mí mismo, sólo para explicarme, transcribo:

“Da coraje hacer un resumen de las múltiples maniobras que salen a la luz pública, y que revelan la negociación de providencias, los carruseles de pensiones, el tráfico de influencias, el empleo de la función judicial para el ejercicio de las propias razones, la impresentable “movilidad” de algunos magistrados entre distintas Cortes - como si ello fuera necesario por ausencia de aspirantes calificados para ocupar las vacantes que se producen -, las dádivas y el abuso genuino de poder.

(…)

“La magistratura era la más alta y la más legítima aspiración de un abogado, la cúspide de una carrera, la forma de retribuir a la sociedad, asumiendo la pesada pero muy honrosa carga de administrar justicia.

“A las altas cortes llegaban juristas de diversas regiones, de distintas escuelas y de múltiples orientaciones filosóficas, bajo el común denominador de tener los méritos suficientes para ocupar esas dignidades”

En enero 30 de este año se decía también en este espacio (“No lo digo yo”, 30 de enero de 2014):

“Lo dice la presidenta del Consejo de Estado. Que le duele - mucho - “… ver esta deslegitimación de los jueces y magistrados”

(...)

“Que la presidenta de una alta Corte afirme que en 30 años de trayectoria profesional “nunca había visto una situación como la actual” es, por decir lo menos, preocupante.”

No era este el único espacio en el que se tocaba el tema. Desde las más diversas ventanas de opinión se ha puesto el dedo en la llaga, sin que los implicados produzcan una sola respuesta - personal ni institucional - porque dos cosas son claras: en primer lugar, que los abusadores de su predominio judicial no tienen el más mínimo interés de soltar la copa de la que vienen bebiendo a saciar. Y en segundo lugar, que a todos les asiste la confianza de que serán juzgados por unos de su misma o peor condición, que son los Honorables Representantes que integran la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Puestas en la misma canasta, las dos razones acabadas de señalar, son en realidad una sola y se resumen en una palabra: impunidad. 

Es decir, a los magistrados no les importa, no les preocupa y, por el contrario, se llaman a ofensa cada vez que se les sindica públicamente de abusar de sus poderes y de manipular para su beneficio y el de su causa, los privilegios propios de su condición.

Fue así como unos meses atrás surgió la propuesta del doctor Ramiro Bejarano, de revocar, sin excepción, los nombramientos de los magistrados proponiendo el ejercicio de barajar y volver a dar el naipe, para “integrar nóminas blindadas” ajenas a todos los vicios denunciados, probados y comprobados.

Institucionalmente no es imposible que el planteamiento de Bejarano se haga realidad. 

Francisco Ricaurte, uno de los más largamente beneficiados con la “movilidad” dentro de las altas esferas de la justicia, dueño además de notable y voluminosa clientela judicial, alzó su voz, como si los colombianos ignoráramos las dos cualidades que menciono sobre él, para denunciar una aspiración golpista.

Pues sí. Lo planteado, que se llama revocar, es un golpe, como lo sería una moción de censura a un ministro, pero un golpe que se daría dentro de las reglas del juego, y no por fuera de ellas ni a hurtadillas, como es el día a día de ciertos magistrados.

El Ministro de Justicia ha señalado que la propuesta no puede ser acogida en su integridad.

Pues que el gobierno diga en qué medida sí y hasta qué punto no la acogería el gobierno, para que el tema entre en la agenda y este clamor nacional de devolverle a la administración de justicia su dignidad - que la tiene perdida - sea tratado como un tema central de la campaña por la presidencia de la República.

Es altamente posible que si este gobierno, tan medianero en estos asuntos, no se pronuncia, exista algún candidato con el coraje suficiente para trazar una ruta hacia la recuperación de la honra de la justicia.

Y quien dice que no es posible que una tesis seria en tal sentido haga que la ciudadanía despierte de la anestesia santista y haga causa común con la idea de remover las aguas estancadas de las altas jerarquías de la justicia.