Efecto dominó del riesgo soberano en el financiamiento territorial

Durante las últimas semanas en Colombia se han realizado tres anuncios de gran trascendencia económica: (i) la publicación del Marco Fiscal de Mediano Plazo, (ii) la suspensión de la regla fiscal, y (iii) la rebaja de la calificación soberana por parte de dos de las tres grandes calificadoras internacionales. Aunque esta última era previsible desde los anuncios previos del gobierno —y los mercados ya lo habían descontado en la valoración de los títulos de deuda pública— no podemos pasar por alto sus efectos más amplios. En particular, resulta necesario cuestionar cómo la pérdida de credibilidad y disciplina fiscal del gobierno central afecta a los gobiernos regionales y qué acciones pueden emprenderse para mitigar ese impacto. Uno de los efectos más evidentes se traduce en el encarecimiento del acceso a los mercados internacionales de deuda para entidades territoriales. Al estar la calificación de los gobiernos subnacionales atada a la del soberano, el descenso en la nota
crediticia de Colombia arrastra consigo a ciudades como Bogotá y Medellín, como lo confirmó recientemente Moody’s. Esta situación obliga a replantear las estrategias de financiación local, pues el aumento en la prima de riesgo podría hacer inviable la emisión de títulos bajo condiciones competitivas. Ante este panorama, las entidades territoriales se ven forzadas a recurrir con mayor frecuencia a fuentes alternativas como las entidades multilaterales. Sin embargo, esta vía tampoco está exenta de limitaciones: estas instituciones tienen cupos máximos de préstamo por país, y el incremento de la demanda —proveniente de actores nacionales y regionales por igual— genera presión sobre dichos límites. En consecuencia, las entidades locales podrían quedar relegadas frente a las prioridades del Presupuesto General de la Nación, sujeto a la programación que realiza el
gobierno central. Por todo lo anterior, si bien cada ente territorial debe realizar un manejo juicioso de sus propias finanzas, es innegable que el gobierno nacional tiene un rol estructural: mejorar las condiciones macroeconómicas que faciliten el acceso a financiamiento competitivo y sostenible. Esta tarea no se resolverá en el corto plazo, ni será responsabilidad de una sola administración, pero urge comenzar ya la construcción de bases fiscales robustas. Algunas de ellas incluyen un sistema tributario más eficiente y equitativo, estrategias de manejo de deuda pública orientadas a reducir el nivel de
endeudamiento —como las que propone la Dirección General de Crédito Público— y, sobre todo, una reevaluación seria de las llamadas políticas de austeridad, que deben trascender el discurso para convertirse en herramientas reales de transformación.