viernes, 3 de mayo de 2019
El negocio de tener una aerolínea o ser un prestador de servicios aéreos es único y quizás uno de los más difíciles si consideramos los altísimos costos operacionales, la mayoría de estos cotizados en dólares, y toda la gama de requisitos y regulaciones, que hacen ya más que complicado operar desde un pequeño monomotor, a una gran flota de aeronaves. Mientras la Aerolínea de Antioquia ADA dejo de volar y Avianca anda en crisis, los demás operadores también enfrentan un panorama cada vez más adverso si su objetivo es continuar ofreciendo tarifas bajas y ¨democratizar¨ el servicio, que anteriormente solo era accesible a unos pocos usuarios, pues con los valores pagados por tiquetes escasamente se cubren los gastos, contribuyendo a que las empresas tengan que volar a pérdida en algunas oportunidades.
El pasado cuatro de octubre de 2018, fue publicado en la Gaceta del Congreso el Proyecto de Ley número 187 de la Cámara de Representantes, “por medio del cual se dicta el estatuto del Consumidor de Servicios Aéreos a Nivel Nacional y se dictan otras disposiciones”, que a primera vista del ciudadano resulta bastante llamativo, por no decir populista, pero que demuestra desconocimiento de la realidad del sector y que trae una serie de sanciones a las aerolíneas, que por lo gravosas, pueden hacer el negocio inviable, o de rebote, con el fin de evitar este efecto, conllevar a un incremento global y sustancial en las tarifas, que a la postre terminará afectando a todos los ciudadanos.
En el articulado del proyecto podemos encontrar algunas propuestas con sanciones que pueden llegar hasta 200% del valor del tiquete por cancelaciones o sobreventas. También se propone pasar de una libertad tarifaria regulada, a una en la que la Aerocivil autorizará el valor a cobrar bajo los criterios de “equidad y suficiencia”. Suena bien, pero si los operadores se basan en la “suficiencia” y cada vez el Estado hace más gravosa la operación, los tiquetes van a tener que subir. También en la exposición de motivos, la necesidad del Estatuto se basa en el supuesto monopolio de un solo actor del mercado, que, aunque real, en cierta parte minimiza la verdadera situación del sector y los motivos por los cuales se presentan un alto porcentaje de las quejas de los usuarios, pues no todas son motivadas por el precio.
Será prudente que dentro de los debates que se lleven a cabo en el Legislativo, se analice de manera global el sector y lo prudente o no, que resultaría aprobar un Estatuto sin antes combatir y corregir otras situaciones que aquejan a los operadores aeronáuticos, como por ejemplo, revisar y regular los actuales contratos de concesión aeroportuaria, que desangran a los usuarios por sus altos costos y el abuso en los cobros bajo la figura de ingresos no regulados, o abaratar por ejemplo los rubros de importación de insumos y equipos aeronáuticos, o ejerciendo control y vigilancia para que los procesos al interior de la Aerocivil sean más expeditos en la creación o certificación de nuevas aerolíneas.
Realizar un control efectivo sí, pero no satanizar las Aerolíneas, pues si queremos un eficiente y buen servicio, debemos al contrario proteger las existentes o permitir y apoyar el ingreso de otras nuevas.
