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Jueves, 18 de mayo de 2017

El modelo de Asociación Público Privada que ha sido aplicado en la cuarta generación (4G) de concesiones viales ha revolucionado la concepción de la inversión en proyectos de infraestructura en Colombia. Hay que reconocer que la ambición con las 4G, fue un atino del gobierno y se dejó claro que el modelo de contratación es un modelo que no solo es atractivo para los inversionistas sino que realmente es un modelo con visión, en donde lo que se esta contratando se ajusta a la realidad de las necesidades, a los mejores en lo que hacen y que nos da la garantía de recibir lo esperado. Aunque no podemos olvidar las malas experiencias recientes del sector, son episodios que no pueden oscurecer los innegables progresos del sector de la infraestructura en el país. 

Tras ver  como el país se ha convertido en un punto de referencia para otros países, transformándose en un atractivo para la inversión extranjera, es  el momento de mirar más allá de las carreteras y extrapolar este modelo a las necesidades sociales.  Si bien el tema de las APP sociales no es ajeno para el gobierno, la importancia que se le dio al sector vial sacó del espectro por un tiempo a sectores que son igual de primordiales para nuestro desarrollo y que atienden directamente las crisis del día a día, como por ejemplo, los niños de la Guajira, la crisis carcelaria o el manejo de los hospitales. 

Teniendo la experiencia de las 4G, ha llegado el momento para que el actual gobierno o aquel por llegar, innoven, sin improvisar, en los aspectos sociales en donde sea posible. Implementar el modelo de APP en aspectos sociales implicará un grado superior de compromiso, ética y planeación por parte de las instituciones del Estado de manera que se den las garantías y seguridad suficientes para el desarrollo de estos proyectos. 

Y viene bien hablar de este tema teniendo en cuenta el anuncio hecho por el exdirector de Planeación Nacional, Simón Gaviria, quien anunció el inicio en 2017 de los procesos licitatorios del primer paquete de APP sociales por $10 billones en donde se van a construir 70 colegios, 8.000 cupos carcelarios y el nuevo acueducto de Santa Marta, entre otros. 

Sacar estos proyectos adelante requerirá de la armonía y trabajo conjunto entre el gobierno y las entidades territoriales para que prioricen las necesidades de cada departamento y tener  clara la hoja de ruta del desarrollo de las APP sociales. A su vez, deben dejar el recelo y obstáculos presupuestales, emprender semejante proyecto sin duda, necesita, en principio, un desapego de la noción económica, para verdaderamente tener una visión a futuro y que no simplemente sea, una vez más, el afán de conjurar la crisis. De lo contrario, seguiremos condenados a un desarrollo mediocre y costoso. 

Dado el anuncio,  darle viabilidad a la estructuración de los proyectos será el gran reto a asumir. Deben ser incansables los esfuerzos para encontrar los mecanismos de financiación y retribución de los proyectos, de convertirlos en una oportunidad de inversión. Sería incomprensible que tras las cuantiosas y sofisticadas financiaciones de las concesiones de cuarta generación, estos proyectos sociales se quedaran en promesas vacías, más aun conociendo la urgencia con la que los necesitamos. Asumir el reto inexorablemente requerirá, por parte de todos los que intervengan, un compromiso ético mucho más vehemente que en ocasiones anteriores, pues los colombianos no estamos dispuestos a soportar una vez más el cáncer de la corrupción.  

Las APP sociales sin duda tienen el potencial de tener un papel protagónico en el futuro de la inversión en el país. Ojalá esto no se quede en el imaginario y que nuestros gobernantes tengan la visión suficiente para darle paso a la infraestructura social que verdaderamente necesita la gente en su día a día.