viernes, 18 de febrero de 2022
Inicia un nuevo año en el que esperamos superar la pandemia. Sin embargo, hay nuevas cepas del virus y la recuperación económica puede tardar, lo cual supone, necesariamente, un reto para la resolución de conflictos que seguirán siendo protagonistas. Por lo tanto, esta reflexión es un llamado a evitar pleitos innecesarios que pueden ser dirimidos a través de otros instrumentos.
Conocido es el refrán según el cual “más vale un mal arreglo que un buen pleito”. Nada más irresponsable que esa frase: un mal arreglo tiene destino cierto al fracaso y solo aplaza el litigio. Pero lo que sí es verdad es que un pleito, además de no garantizar el éxito, siempre resulta más costoso en términos de dinero, tiempo y productividad que cualquier solución amigable o instrumento de mitigación de controversias.
Por eso yo prefiero la premisa “el mejor pleito es el que se evita” o, como diría Marshall: “el único medio de vencer en una guerra es evitarla”.
Aunque es irrefutable que nuestro sistema judicial es ineficiente, no sobran los datos: según el Manual Azul de la Justicia de la Corporación Excelencia en la Justicia, en 2019 Colombia tenía 11,6 jueces por cada 100.000 habitantes, cifra muy inferior al estándar fijado por la Ocde (que recomienda una razón de 65:100.000). Además, el país ocupa el puesto 177 de 190 según el Índice de Estado de Derecho de 2020 del World Justice Project, que evalúa el tiempo y costo necesario para resolver un conflicto en primera instancia, mide la calidad del proceso judicial y si el país incorpora buenas prácticas que garanticen la eficiencia de su sistema judicial. Colombia se raja en esa evaluación.
Sin embargo, no se trata de mostrar lo obvio o de simplemente criticar, sino de hacer un llamado a que, con el advenimiento de un nuevo año, quienes nos dedicamos a la resolución de conflictos, incluida la Administración, caminemos bajo la premisa de que el mejor pleito es el que se evita, porque en una disputa todos pierden.
La ley está y los mecanismos existen, solo se trata de utilizarlos más de lo que hasta ahora. Las cifras no mienten y alternativas como la conciliación, el arbitraje y la amigable composición son idóneas para la resolución pacífica y eficiente de controversias. Igualmente, la estructuración de negocios jurídicos claros y guiados bajo el principio de la buena fe contractual son el mejor mecanismo para mitigar el riesgo de controversias.
Según la CEJ, en 2020 se registraron 151.541 solicitudes de conciliación en el país, de las cuales 52,1% culminó con actas de conciliación (menos de 6% fueron Administrativas) y, del total de solicitudes, 90% se tramitaron antes de un año: nada mal. En materia de arbitraje, el mismo año se registraron 253 demandas, se tramitaron 120 y 20 culminaron con un acuerdo conciliatorio: puede mejorar. En cuanto a la amigable composición, figura que no despierta mucho interés pero que se ha convertido en una excelente alternativa en contratos de infraestructura vial, en 2020 se registraron 11 solicitudes, de las cuales siete derivaron en contratos de transacción que evitaron litigios largos y engorrosos: sin duda, hay que poner atención a este instrumento.
En ese sentido, frente a una pandemia que demorará en desaparecer y aprovechando el espíritu de probidad que llega cada año nuevo, la invitación es que seamos más transaccionales y conciliadores que contenciosos y adversariales. La invitación es a administrar los conflictos y no a agudizarlos, porque el mejor pleito, es el que se evita.
