Del vientre al “catálogo genético”: cuando el mercado compra lo humano y el derecho llega tarde

Tras una entrevista publicada en este mismo espacio en agosto de 2024 sobre maternidad subrogada, el debate internacional dio un giro decisivo: la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, presentó un informe (14 de julio de 2025) que califica la subrogación como una práctica marcada por explotación y violencia y recomienda avanzar hacia su erradicación en todas sus formas. En esta entrevista, las profesoras Juana Acosta y Ana María Idárraga conectan esa alerta con un fenómeno más amplio: la mercantilización del ser humano en la industria reproductiva—desde la subrogación hasta la FIV—y explican por qué Colombia no puede seguir improvisando.

¿Por qué volver sobre subrogación después de su entrevista anterior?

Porque el debate ya no es solo “opinable”: como lo hemos explicado en otros espacios, la Relatora Especial de la ONU Reem Alsalem presentó un informe que describe la subrogación como una práctica caracterizada por explotación y violencia contra mujeres y niños, y subraya que refuerza normas patriarcales al cosificar los cuerpos de las mujeres y exponer a graves vulneraciones de derechos. Cuando un informe internacional con ese peso llega a esas conclusiones, lo responsable es volver al tema y preguntarnos por el tipo de sociedad que estamos dejando que se consolide en ausencia de reglas.

Pero además, porque la subrogación no es una “isla”: es parte de un ecosistema económico-jurídico en el que lo humano se vuelve insumo, “servicio” o “producto”. El informe incluso muestra la dimensión de mercado: en 2023 la industria global fue valorada en USD 14.950 mil millones, con proyecciones de USD 99.750 mil millones para 2033.
Ese crecimiento no ocurre en el vacío: se alimenta de desigualdad, de asimetrías de información y de vacíos normativos.

¿Qué es lo más contundente del informe de la Relatora?

Primero, el diagnóstico: la práctica se estructura sobre asimetrías—con frecuencia transfronterizas—donde quienes demandan el “servicio” suelen provenir de contextos más ricos, y quienes gestan enfrentan presiones económicas y sociales. Ese diagnóstico también muestra que este es un verdadero negocio transnacional, donde las agencias de subrogación y las firmas de abogados son las que más se están enriqueciendo. Esto no se trata de un caso aislado, o de pocos casos “altruistas”, sino de una verdadera industria, coordinada y muy lucrativa. Segundo, las recomendaciones, pues propone pasos hacia la erradicación de la subrogación en todas sus formas, y, mientras eso ocurre, medidas fuertes para reducir daño.

Tercero, algo clave para el derecho: sugiere un marco “tipo modelo nórdico”, centrado en penalizar la demanda y a los intermediarios (clínicas/agencias), despenalizar a las mujeres y prohibir la publicidad de servicios de subrogación. Ese enfoque es jurídicamente provocador porque invierte el lente: deja de tratar a la mujer como “parte contractual” y la reconoce como sujeto expuesto a explotación.

¿Dónde entra la idea de “mercantilización del ser humano”?

En el corazón del asunto: cuando el derecho tolera que mujeres y seres humanos en las etapas iniciales de la vida humana se transen como mercancía, el mensaje cultural es devastador: la dignidad tiene un precio, y quien tiene los recursos la puede comprar. El informe lo dice sin eufemismos: la subrogación mercantiliza y objetifica a las mujeres. En este sentido, si el derecho no reacciona, termina “normalizando” lo que debería contener. No es una discusión abstracta: hablamos de contratos, agencias, comisiones, “paquetes”, “turismo reproductivo”, incentivos. El informe también advierte que muchas veces lo “altruista” se desdibuja por reembolsos tan altos que en la práctica funcionan como pagos.

Ustedes quieren conectar esto con la Fecundación In Vitro (FIV) ¿No es mezclar debates distintos?

No, si se hace con rigor. Primero, porque la reproducción subrogada no existe sin la FIV. Toda práctica de reproducción subrogada implica que hay una clínica de FIV involucrada. Segundo, aunque la FIV es una técnica médica, también es un ecosistema con dinámicas contractuales y de mercado que requieren límites. El problema aparece cuando la lógica del consumo se impone: selección, descarte, “optimización”, “control de calidad” y un mercado que ofrece soluciones sin que el Estado haya definido líneas rojas.

Además, en Colombia esto no es una discusión abstracta. Desde la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad de La Sabana acompañamos un caso que permitió poner en evidencia los enormes vacíos y tensiones que generan estas técnicas, y la Corte Constitucional —en la Sentencia T-357 de 2022— fue explícita en exhortar al Gobierno y al Congreso a tramitar una regulación integral de las Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA), incluyendo reglas sobre consentimiento, destino de gametos y embriones, responsabilidades de las clínicas y efectos en filiación. Pero ese llamado sigue sin traducirse en una ley. Tampoco se evidencian esfuerzos del ejecutivo por monitorear lo que ocurre con estas clínicas. Y mientras el Congreso no legisla, y el Ejecutivo no vigila, el mercado avanza: ya existen ofertas comerciales que alimentan un imaginario “Gattaca”, presentando la selección embrionaria como si fuera un catálogo de “mejoras” o de predicción de riesgos, aprovechando precisamente el vacío regulatorio.

Interesante eso de Gattaca… ¿Hasta dónde llega científicamente esa “selección” y qué es lo que en realidad se está vendiendo como “optimización” en la industria de la FIV?

Importa no creer todo lo que nos venden. Sin embargo, lo que antes parecía ciencia ficción hoy se ofrece en algunas plataformas de FIV como paquetes de “optimización genética”: se invita a comparar y escoger embriones no solo por “salud” (con screening de más de 2.000 enfermedades y riesgos), sino también por rasgos físicos (como color de ojos y estatura, e incluso calvicie o acné), por supuestos indicadores de “bienestar” o “personalidad”, y por condiciones comunes complejas (IMC, dolor crónico, zurdera, endometriosis, SOP, diabetes tipo 2, asma, entre otras).

En el fondo, se trata de convertir la vida humana en un producto “seleccionable” y, de hecho, están, a propósito, creando seres humanos, para luego descartar (eliminar) a los más débiles. Y las empresas lo empacan exactamente como un producto de consumo: “te guiamos”, “elige el embrión adecuado”, “optimiza tus embriones” según miles de rasgos de “salud, apariencia y bienestar”, incluso integrando “selección de donante” con tecnología propia. Ese lenguaje no es neutro: convierte la procreación en mercado de opciones. Si la ciencia y la ética médica piden cautela, la pregunta jurídica es inevitable: ¿por qué el Estado permite que el mercado avance más rápido que el control democrático, instalando una cultura donde lo humano se valora por “ranking”, por “optimización” y por capacidad de pago?

¿Qué señales concretas les muestran que la mercantilización de lo humano ya está cruzando umbrales peligrosos?

Un ejemplo especialmente elocuente —por lo que revela culturalmente— es la oferta de “joyería de embriones” o “recuerdos” elaborados a partir de material asociado a procesos de reproducción asistida. Hay empresas que dicen explícitamente que transforman embriones de FIV en piezas de joyería y que incluso indican un procedimiento que empieza por contactar la clínica de fertilidad para pedir la liberación de los embriones. Además, presentan el “embrión” como un “material” más dentro de sus opciones de personalización.

Y el mercado no se queda ahí: también hay ofertas que convierten imágenes de embriones en anillos o collares encapsulados en resina, presentándolo como una forma de “mantenerlos cerca”. Cuando la práctica requiere que una empresa pida a la clínica “el embrión” como “materia prima” para convertirlo en objeto de consumo, ya no estamos ante una simple decisión íntima, sino ante una cosificación radical de la vida humana en su etapa más vulnerable. En la práctica, le quitan la vida a un embrión que está criopreservado, para convertirlo en un collar o un anillo. Esta práctica recuerda episodios oscuros de los campos de concentración, en los que se usaban partes de seres humanos para hacer objetos decorativos.

¿Cómo está Colombia hoy frente a esto?

El debate legislativo está abierto y—en lo esencial—no hemos legislado sobre ninguno de estos temas. Hoy hay proyectos en trámite; por ejemplo, uno orientado a prohibir la maternidad subrogada (Proyecto de Ley Cámara 131/2025, en comisión).
Lo grave es que mientras el Congreso debate, el mercado se adapta, migra, se internacionaliza. Y, por supuesto, cuando el Estado llega tarde, suelen pagar el costo los más vulnerables: mujeres con menos alternativas y niños cuya identidad, nacionalidad o filiación puede quedar atrapada en conflictos transfronterizos—riesgos que el informe de la Relatora subraya al exigir prioridad del interés superior del niño.

Ustedes van a tener un evento con la Relatora ¿Por qué es importante?

Porque el derecho se hace mejor cuando se discute con evidencia. El 20 de febrero, en la Universidad de La Sabana, tendremos un diálogo con la Relatora Reem Alsalem sobre estas conclusiones y sus implicaciones. Es una invitación a que el país discuta con estándares internacionales, datos y voces expertas, no solo con intuiciones. Y a que lo haga antes de que la realidad nos imponga un hecho cumplido. Es un tema que nos convoca a todos, y al que todas las disciplinas podemos aportar. Es un asunto en el que no es suficiente “no tener una opinión” o “mantenerse neutral”, pues estamos hablando de la mercantilización del ser humano.

Para cerrar: si tuvieran que dejar un llamado fuerte, ¿cuál sería?

Que dejemos de tratar estos dilemas como simples “novedades tecnológicas” y los nombremos por lo que son: límites civilizatorios. Cuando la vulnerabilidad se usa como instrumento para convertir lo humano en mercancía, el derecho tiene el deber de decir “no”. Y que comprendamos el riesgo político de fondo: si el derecho no responde como debe, el mercado termina decidiendo qué vida vale, quién accede y quién queda fuera. Por eso la Relatora de Naciones Unidas propone avanzar hacia la erradicación de la maternidad subrogada y adoptar medidas para cortar la demanda, prohibir la publicidad y responsabilizar a los intermediarios; y, en paralelo, la ética médica advierte que ciertas promesas de “optimización” embrionaria no son clínicamente sólidas y profundizan brechas. Colombia tiene que escoger: o legisla con seriedad —protegiendo a mujeres y niños— o normaliza una economía donde lo humano se compra, se clasifica y termina convertido en “materia prima”.