martes, 8 de abril de 2014
El más reciente Informe sobre Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas afirma que para diciembre de 2013, había 5.966.211 víctimas del conflicto armado inscritas en el Registro Único de Víctimas, identifica la insuficiencia generalizada de recursos municipales que limitan el cumplimiento de sus responsabilidades como primeros receptores de las reclamaciones de las víctimas, dado que no se están formulando los Planes de Acción Territoriales para la atención y reparación integral de las víctimas, mientras que aumentó el número de asesinatos, amenazas y ataques contra los reclamantes, los dirigentes sociales y los funcionarios públicos que participan en los procesos de restitución de tierras.
El estudio de dos fundaciones que hacen seguimiento continuo a este tema, puso el dedo en la llaga al mostrar que 85% de las víctimas no han reclamado sus derechos, ya sea por desconfianza en la institucional que muchas veces fue cómplice del despojo, por desconocimiento de la norma o por la obligada tramitomanía a que son sometidos para reclamar, y que de 54.073 solicitudes de restitución de tierras presentadas, solamente se ha ejecutado 1.7% a través de fallos judiciales.
Este oscuro panorama presentado, tuvo como consecuencia que el Presidente de la República anunciara el pasado fin de semana la presentación de un proyecto de Ley para agilizar y simplificar el proceso de restitución a las víctimas del despojo y el abandono forzado de sus tierras. Esperamos que esta medida tenga carácter de urgencia y en el Congreso las distintas fuerzas políticas mantengamos nuestro compromiso y responsabilidad con la garantía de los derechos de las víctimas.
De otro lado seguimos insistiendo en que es imperativo priorizar las reparaciones colectivas de las comunidades afectadas por el conflicto, con garantías para la reconstrucción de sus proyectos o planes de vida colectivos. Seguiremos insistiendo en que gestos positivos y compromiso con el proceso de paz, se concreten en el desminado de las zonas rurales y la entrega de los menores reclutados para la guerra, así como el decidido desmantelamiento de las estructuras criminales que siguen forzando al desplazamiento y atentando contra la vida e integridad de las víctimas, sus organizaciones y comunidades de pertenencia.
