Prohibición del matrimonio infantil: un paso hacía el empoderamiento de niñas y adolescentes

La Corte Constitucional dio un paso decisivo hacía la protección de los derechos de las niñas y adolescentes en nuestro país. El 5 de febrero, la Sala Plena del Alto Tribunal Constitucional profirió la sentencia C-039 de 2025 declarando inexequibles los artículos 117 y 124 del Código Civil que permitían el matrimonio infantil, por ser contrarios a la Constitución Política y al Bloque de Constitucionalidad. Esta decisión es el resultado del Proyecto de Ley 297 (Senado), que hoy es Ley de la República –Ley 2447 de 2025–, por medio de la cual se eliminan todas las formas de uniones tempranas y se dictan otras disposiciones.

¿Y por qué es relevante discutir acerca de la prohibición del matrimonio infantil durante el mes de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer?

Según Unicef, Colombia ocupa el puesto 20 a nivel mundial en número de niñas casadas o unidas antes de cumplir los 15 años, y el puesto 11 en América Latina y el Caribe en adolescentes unidas antes de cumplir los 18 años. De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda (Cnpv) del 2018, en Colombia cerca de 340.083 niñas y adolescentes (8,6%) han estado o están casadas o en unión marital de hecho. De este grupo, el 1,8% corresponde a niñas de 10 a 14 años, mientras que el 15% corresponde a adolescentes de 15 a 19 años. Además, según cifras reportadas por el Dane, en el 2020, el 75,1% de los nacimientos ocurrieron en adolescentes que estaban casadas o unidas.

Las cifras mencionadas son alarmantes, pues evidencian la realidad de muchas mujeres en el país, que se han visto obligadas a interrumpir sus estudios para asumir nuevos roles relacionados con las actividades de cuidado, el hogar y la crianza, afectando sus proyectos de vida. Esto repercute en la falta de posibilidades de obtener un trabajo y un ingreso, ocasionando dependencia económica hacía sus parejas.

Lo anterior demuestra que los matrimonios infantiles y las uniones tempranas son practicas nocivas que no solo llevan implícitas violencias basadas en género, sino que también vulneran múltiples derechos de las niñas y adolescentes (educación, trabajo digno, autodeterminación, entre otros) limitando su empoderamiento y reforzando los estereotipos de género asociados al rol de la mujer en la sociedad.

Considerando este contexto, la decisión de la Corte Constitucional es clave pues con ella se inicia un nuevo camino hacía el empoderamiento de la próxima generación donde las mujeres jóvenes y las niñas adolescentes serán las protagonistas de cambios duraderos. Esta decisión promueve condiciones y oportunidades para que las niñas y adolescentes del país puedan decidir de manera libre y autónoma sobre sus proyectos de vida acorde con sus expectativas, aspiraciones y sueños.

Por último, con esta decisión del Alto Tribunal y la Ley 2475 de 2025, Colombia avanza hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en específico el No. 5, que se centra en la igualdad de género e incluye la meta de eliminar las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil. El desafío ahora es implementar políticas públicas que prevengan estas dinámicas y garanticen alternativas educativas y económicas para la niñez, especialmente en las regiones con mayor incidencia de matrimonio infantil, logrando así el empoderamiento de las niñas y adolescentes de nuestro país.