miércoles, 19 de octubre de 2022

A lo largo de nuestra vida nos enfrentamos frecuentemente a tomar decisiones entre lo que es correcto y lo que es fácil, cuando dicho dilema se vincula al ámbito público el hacer lo apropiado debería estar implícito. No obstante, en materia de política fiscal, en ocasiones, proceder de manera pertinente puede llegar a ser impopular o tener un costo político, pues técnicamente se debe analizar y abordar temas, que pueden ser un obstáculo y transformarse en oportunidades, haciendo de lo adecuado el camino a seguir.

En este contexto, el actual proyecto de reforma tributaria debe superar cuanto antes dificultades como la falta de claridad respecto al monto que se requiere recaudar, puesto que toda iniciativa varía en este aspecto, máxime cuando se estima que el crecimiento de la economía en el 2023 será del 0.7 %.

A su vez, es importante que se precise en qué se destinará el mayor recaudo, si se usará para cubrir deuda o solo soportará mayor gasto público, lo que implicaría que no se atienda la deuda y el déficit fiscal y conllevaría a otra reforma recaudatoria. Igualmente, se requiere una cuantificación de los beneficios fiscales y un análisis de su costo beneficio en términos macroeconómicos.

Afrontar contrariedades y capitalizar las oportunidades en materia normativa, especialmente las tributarias son una herramienta de competitividad y si los costos fiscales en Colombia impactan rentabilidad, el empresario o emprendedor analizará normas de otras jurisdicciones.

En tal sentido, resulta oportuno abordar temas como el impuesto sobre las ventas, un gravamen del cual se debe reevaluar el esquema de exclusiones. El IVA en Colombia permite al prestador o vendedor del servicio descontar los IVA incurridos, con lo cual solo grava el valor agregado. En teoría, en algunos bienes y servicios, como la energía o ciertos productos, no se les aplica el porcentaje del impuesto, no obstante, en el precio final el consumidor sí asume todos los IVA que el productor no puede descontar. Es decir, pareciera un beneficio, pero no es tal.

También es indispensable valorar la tributación territorial, como lo son el impuesto predial, el de vehículos y el de industria y comercio. El impuesto predial tiene pendiente el avance en el catastro multipropósito, así como la fijación legal de los límites de incremento de este, que operará a partir del 2024. Por su parte, el impuesto de industria y comercio, al gravar ingresos brutos y no utilidades, no está en proporción con el uso de infraestructura y costo para la jurisdicción que actúa como sujeto activo.

A la par con el tipo de tributación en el ámbito territorial es esencial la unificación de procedimientos de declaración, recaudo y pago bajo una sola plataforma. Asimismo, es importante promover la digitalización en el cumplimiento tributario, lo cual redundará en beneficios de todos, sin olvidar la reducción de costos generados por alcaldías y gobernaciones.

En cuanto a la cultura tributaria, es justo mencionar que el país ha experimentado una importante transición intergeneracional en la que cada vez más personas se suman a una adecuada y sana cultura de declaración y pago de impuestos. Ante este escenario, lo apropiado es seguir fomentando ese enfoque y prescindir de la idea de que los impuestos corresponden a unos pocos.

También hay que robustecer la inversión interna. Es evidente que la economía requiere de inversión foránea, pero no es menos cierto que se debe apoyar tanto o más al empresario nacional, que es fuente de trabajo estable, motor de transformación de las regiones y el mejor aliado del Estado para hacer posible la realización de un sinnúmero de proyectos, por lo cual se debe fomentar y explotar el gran potencial exportador de bienes y servicios del país. Ese capital interno no puede ser desmotivado, ya que hay que considerar lo que más beneficie la competitividad del país, así como generar normativas atractivas para los inversionistas.

En conclusión, el Gobierno tiene la oportunidad de tramitar una reforma tributaria orientada al crecimiento económico, la recuperación y la generación de puestos de trabajo, así como a eliminar tributos, beneficios y elementos distorsionantes de la legislación actual. Para ello, es necesario introducir métricas recaudatorias que permitan tomar decisiones informadas.

No cabe duda de que el rumbo correcto es fomentar la inversión interna y externa en la medida en que los contribuyentes generen utilidades, ahorro, consumo e inversiones, lo que incrementará de manera orgánica el recaudo. Ciertamente, pueden surgir planteamientos disímiles al enfoque que hemos expuesto, pero debemos analizar qué es lo mejor para la economía y las finanzas públicas, pues, al final, todo redundará en un escenario positivo (o negativo) para los colombianos.