La forma en que se aprobó la reforma laboral marca un precedente negativo en el proceso deliberativo en el Congreso de la República. La presión ejercida al Senado llevó a que los senadores escogieran entre un mal menor: una reforma inconveniente para el país o una consulta popular que le permitiera al gobierno ambientar e iniciar una campaña electoral de cara a las próximas elecciones congresionales en marzo del 2026. ¿La pregunta ahora es qué va a pasar con las reformas a la salud y la pensional si en su trámite, se generan modificaciones o la eliminación de algunas disposiciones que el gobierno considere inamovibles? ¿Aplicaran la misma receta? La reforma a la salud se encuentra en tercer debate en la Comisión Séptima de Senado, la misma que ha mostrado independencia y rigor técnico en el estudio de los proyectos de Ley, esa, a la que se le desconoció su autonomía al haber archivado la reforma laboral el pasado 18 de marzo y en la que, en una jugada política sin precedentes, la plenaria del Senado aprobó un recurso de apelación que fue presentado sin argumentación alguna, reviviendo la reforma laboral como salida a la agresividad y tensión política desencadenada.
Hoy nos quedamos con un texto que le da la espalda a la realidad estructural del mercado laboral del país, el cual, lejos de resolver sus problemas los ahonda mediante la rigidez del marco legal, incrementando los costos de la contratación formal y desconociendo una población ocupada informal de más de doce millones de colombianos que representa el 56.8%. Fue mezquina la eliminación del artículo incluido en el tercer debate que permitía el aporte al sistema por el trabajo a tiempo parcial, esa sola disposición significaba un paso enorme en la posibilidad real de generar un impacto positivo en términos de cobertura y de cerrar la brecha de desigualdad. Mal mensaje del gobierno cuando exigió sin pudor su eliminación.
El último informe presentado por el Consejo Privado de competitividad estableció en su capítulo laboral que el país debe avanzar en una política de protección social universal, hacerle frente a la informalidad y flexibilizar las condiciones de inclusión laboral, tres ejes claros que fueron desatendidos en esta oportunidad.
Mientras el país no entienda que el empleo formal es la mejor política pública que un gobierno puede implementar, y que el motor de desarrollo económico está a cargo de las empresas, cuyo fortalecimiento debe estar a cargo del estado creando los incentivos necesarios para generar condiciones de bienestar colectivo e impacto real en la base de la pirámide, continuaremos en condiciones de informalidad excluyendo a los más vulnerables de los beneficios sociales, perpetuando la precariedad laboral y limitando a su vez, la posibilidad de recaudar impuestos para financiar políticas efectivas que rompan de manera efectiva, los ciclos de desigualdad y vulnerabilidad.
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