Gobierno corporativo y gobierno escolar

En un contexto con mayores exigencias sociales, regulatorias y reputacionales para las instituciones educativas, se hace necesario reflexionar sobre los modelos de gobernanza aplicables a los colegios en Colombia. Particularmente, es oportuno abordar la articulación entre el gobierno escolar, establecido en el marco normativo del sistema educativo, y las prácticas de gobierno corporativo - tradicionalmente asociadas al ámbito empresarial - al ser herramientas esenciales para garantizar una administración transparente, eficiente, y que esté alineada con los principios de cada institución.

Aun cuando un gran porcentaje de colegios en Colombia están constituidos como entidades sin ánimo de lucro, esto no obsta para que cada institución educativa promueva y regule buenas prácticas de gestión, por ejemplo, en lo que corresponde a la responsabilidad en el manejo de sus recursos, así como en el establecimiento de mecanismos claros para la toma de decisiones.

La Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) enfatiza en la importancia de una participación democrática en la gestión institucional, por parte de actores como los estudiantes, los educadores, los administradores y los padres de familia. Sin embargo, este exclusivo marco participativo podría resultar limitado en su alcance en la medida en que los colegios deberían también concentrar sus esfuerzos en establecer principios de gobierno corporativo que les permitan fortalecer su sostenibilidad institucional, considerando los retos en la toma de decisiones de carácter estratégico y financiero por parte de sus órganos superiores de administración y dirección.

En Colombia no existe una norma única que regule el gobierno corporativo en las instituciones educativas, pero sí existen múltiples referentes en cuanto a códigos de buen gobierno que pueden ser aplicables, especialmente en el caso de los colegios que son entidades sin ánimo de lucro. En ese sentido, un gobierno corporativo en el ámbito educativo estaría llamado a regular el conjunto de prácticas, estructuras y procesos mediante los cuales se dirige y administra el colegio, incluyendo asuntos como la composición y funciones de los órganos de dirección (como una junta o consejo directivo), y su necesaria independencia de las funciones “ejecutivas” de la institución, los sistemas de control interno, la rendición de cuentas y la gestión de riesgos, entre otros.

Lo anterior refuerza la necesidad de contar con estatutos y manuales de convivencia bien estructurados, de establecer procesos de selección y evaluación de directivos, políticas de integridad, comités de ética o de auditoría, y mecanismos de verificación de cumplimiento. Por supuesto, estas directrices deben ir de la mano con el gobierno escolar pues la clave está en articular la esencia participativa del gobierno escolar con los principios de gobierno corporativo, con el propósito de que estos se complementen y fortalezcan mutuamente.

En conclusión, implementar un sistema sólido de gobierno corporativo y escolar no solo mejora la gestión interna de un colegio, sino que también genera confianza entre padres de familia, aliados estratégicos, donantes y las autoridades del sector educación. Un colegio con una visión, a largo plazo, de estructuras claras de gobierno está mejor preparado para prevenir conflictos, responder a situaciones críticas y adaptarse a los desafíos del entorno educativo - que está en permanente evolución, lo cual es uno de los principales retos para este sector -.