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Jueves, 11 de octubre de 2018

Según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el país tiene en la actualidad 13 acuerdos internacionales de inversión vigentes con países extranjeros y otros seis acuerdos que se encuentran suscritos, esto es, en trámite de legislación o ratificación. Se trata sin duda de instrumentos cardinales para generar confianza a los inversionistas extranjeros con el fin de atraer sus inversiones al país. A su vez, estos Acuerdos promueven que los inversionistas colombianos se animen a invertir en los países con los cuales Colombia ha celebrado dichos Tratados.

Pese a los enormes beneficios que acarrea la inversión extranjera en Colombia, este tipo de convenios sugieren también una inmensa responsabilidad frente a las actuaciones del Estado a través de sus funcionarios y Entidades. De conformidad con los registros públicos que obran en la base de datos de los casos que recibe el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (“Ciadi”), en lo que va de 2018 se han registrado seis nuevas demandas en contra de Colombia, llegando a un total acumulado de nueve arbitrajes de inversión en contra de la Nación. Ninguno de estos pleitos se encuentran siquiera en una etapa avanzada del litigio y mucho menos cuentan con alguna decisión sobre jurisdicción o fondo.

Dentro de las nueve demandas contra Colombia, cinco de ellas pertenecen al sector de minería e hidrocarburos; dos demandas están relacionadas con la industria de Información y telecomunicaciones, y las restantes dos reclamaciones involucran a las industrias de Energía y Banca, respectivamente.

Por otra parte, de los instrumentos invocados por los distintos inversionistas para demandar a Colombia, tenemos que tanto el Acuerdo Colombo-Suizo como el Tratado Colombo-Español han sido invocados en dos ocasiones, cada uno. El Tratado más usado ha sido el Colombo-Canadiense (cuatro demandas) y el tratado suscrito entre Colombia y México ya cuenta con una demanda en sus registros.

De toda la información disponible, llama la atención la cifra ascendente de reclamos por parte de inversionistas extranjeros en contra la Nación. Colombia ya supera el histórico de demandas de países como Uruguay (dos), Paraguay (tres), Chile (cuatro) y Bolivia (cinco). En todo caso, aún lejos del registro acumulado de reclamos contra países hermanos como Ecuador (14), Perú (22), Venezuela (45) y Argentina (54).

Del otro extremo, continúa siendo mínimo el número de inversionistas Colombianos que acuden a acuerdos internacionales de inversión para defender sus intereses en países extranjeros. Existe una sola demanda ante el Ciadi por parte de un inversionista colombiano en contra de un estado extranjero, lo que sugiere un desconocimiento por parte de los inversionistas a las herramientas que otorgan dichos tratados para proteger sus inversiones en el exterior.

Estas cifras hacen un llamado urgente a la prestación habitual de servicios en el derecho internacional de las inversiones. El contenido de los distintos acuerdos internacionales de inversión y las labores del Ciadi sigue siendo ajeno para los inversionistas colombianos que invierten en el exterior.

Caso distinto es el de los inversionistas extranjeros, quienes generalmente están bien informados sobre la existencia de estos instrumentos jurídicos internacionales, y no dudan en consultarlos y activarlos para que sean los tribunales de inversión quienes decidan lo pertinente frente a actos desplegados por el Estado colombiano.