Martes, 2 de septiembre de 2014

Ahora bien, para realizar el análisis e identificar la pertinencia o no de la modificación, el Congreso de la República deberá iniciar examinando los hechos ocurridos hace menos de cuatro años, en los cuales la mayoría de los recursos de regalías se concentraban en pocos departamentos y municipios del país, dichos recursos los recibían directamente las entidades territoriales, y se destinaba una pequeña parte al Fondo Nacional de Regalías para financiar proyectos de todas las entidades territoriales, con lo cual la participación era escasa en varios lugares del país.

En el año 2010, el Gobierno nacional presentó al Congreso de la República una propuesta de reforma constitucional, pues los principales problemas del sistema existente eran la inequitativa distribución territorial de los recursos; la insuficiente provisión para ahorro y estabilización; el impacto insuficiente de las regalías en mejorar las condiciones de vida de la población, reducir la pobreza y aumentar la competitividad territorial, dicho discurso tuvo cabida para la reforma constitucional, y ahora se pretende desvirtuar esta situación, cuando solo han transcurrido menos de cinco años después de la modificación, con lo cual la población colombiana no entiende cuales de las variables ya fueron superadas, para advertir que es necesaria una nueva reforma constitucional.

Una vez aprobadas las modificaciones, en el año 2011 se creó el Sistema General de Regalías, y se estimuló la formulación de proyectos regionales a través del recién creado Fondo de Desarrollo Regional y de Compensación Regional. En el primer Comité Ejecutivo de Alcaldes de 2013, la Federación Colombiana de Municipios hizo serios reparos al funcionamiento del Sistema General de Regalías, criticó la demora para poner en marcha el sistema, y propuso una nueva reforma constitucional que eliminara los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (Ocad).

Los Órganos Colegiados de Administración y Decisión son unos comités integrados por  representantes del Gobierno Nacional y de las entidades territoriales para asignar los recursos escogiendo los proyectos prioritarios para ser financiados con recursos directos de las entidades territoriales, para definir los programas y/o proyectos en ciencia, tecnología e innovación de los departamentos, municipios y distritos y para proyectos de impacto regional de las entidades territoriales, que se financien con los recursos de los Fondos de Desarrollo y de Compensación Regional. 

Con la expedición de Ley 1606 de 2012 se incorporó un mico, pues se estableció que los proyectos de inversión de los Fondos de Desarrollo Regional y del Fondo de Ciencia y Tecnología e Innovación, y los proyectos con cargo al 60% del Fondo de Compensación Regional deben contar para su aprobación y designación con el voto positivo del Gobierno nacional, lo cual desnaturalizó lo contemplado por la Constitución, y ha sido interpretado por las autoridades territoriales como un poder de veto de la Nación. De esta manera los alcaldes y gobernadores piden eliminar los Ocad pues afirman que es la oportunidad de analizar y desaparecer dicha figura, que determina un centralismo que se institucionalizó con estos órganos de aprobación de las inversiones con regalías, pues las entidades territoriales no tienen autonomía real y dependen en su totalidad de la tutela que ejercen sobre ellos el Departamento Nacional de Planeación, a través de funcionarios de muy alto nivel técnico, pero, muy poco conocimiento de la realidad social y económica de las regiones. Así mismo se reclama la regionalización, la descentralización de recursos, el respeto por la autonomía de los entes territoriales, y abandonar el discurso que todo lo de la provincia es corrupto, que no se tiene capacidad de gestión, y por lo tanto debe tutelarse desde el centro. Es evidente que el debate apenas empieza y se deberán concertar formulaciones que permitan mayor participación de las entidades territoriales para determinar dentro de la jurisdicción, los destinos de los dineros que beneficien a la comunidad, pero dichos acuerdos deberán ser tomados dentro de un marco de seriedad para el país, pues se trata de un aspecto importante de manejo de recursos limitados que deben ser administrados con el máximo rigor, a fin de obtener una compensación duradera cuando los recursos naturales no renovables se agoten.