jueves, 13 de octubre de 2022

El gobierno Duque trabajó durante años en la preparación del documento Conpes que, conforme al artículo 2 de la Ley 1 de 1991 (Estatuto de Puertos), debe contener un plan que marque los derroteros del país en materia portuaria en temas tales como la indicación de inversiones estatales que se deben realizar, las regiones en las cuales conviene establecer puertos, cambios a la metodología para determinar la contraprestación que deben pagar los concesionarios portuarios o la forma en que estos deben fijar las tarifas a los usuarios, entre otros aspectos. Aunque inicialmente ese plan se expedía para periodos de dos años, desde la Ley 1450 de 2011 no existe un periodo definido. El último expedido fue el Conpes 3744, adoptado por el Decreto 1099 de 2013.

Tanto el gobierno como los gremios han identificado varios problemas que aquejan al sector, tales como falta de incentivos para que los concesionarios ejecuten nuevas inversiones en los años finales de sus concesiones, multiplicidad de metodologías en vigor para determinar la contraprestación portuaria, falta de inversión pública en vías de acceso a los puertos, falta de dragado en los canales de acceso, entre otros.

En recientes reuniones, el MinTransporte ha manifestado que está comprometido con la tarea de expedir el Conpes de “Política Portuaria”, que en esta ocasión contendría “líneas de acción” o tareas para los próximos años.

Además, la expedición del Documento de Política Portuaria, que contenga ideas concretas sobre proyectos portuarios que deban promoverse, sería un gran mensaje para que el Congreso los tenga en cuenta en el próximo Plan Nacional de Desarrollo. Hay proyectos como la profundización de los canales de acceso a Buenaventura y Barranquilla; la mejora en vías de acceso terrestre y férreo a los puertos, o la navegabilidad del Río Magdalena que no dan espera.

Otro asunto importante, necesario para generar confianza en el sector son los temas jurídicos. Aunque el documento Conpes no puede reformar leyes, sí ha sido usual en estos planes que se instruya a las autoridades a preparar propuestas de reformas legales o dar orientaciones sobre conductas e interpretaciones jurídicas. Por un lado, en los borradores conocidos del próximo Documento de Política Portuaria se prevé que el MinTransporte realizará una revisión “exhaustiva” de la Ley 1. A mi juicio, lo importante es que no se envíe un mensaje de que toda la legislación portuaria entrará en revisión y que el modelo exitoso, implementado desde 1991, se podría cambiar por completo. Un mensaje claro, de que se harán cambios puntuales a un modelo consolidado, dará tranquilidad. Por otro lado, sería conveniente dar señales sobre eventuales modificaciones de contratos en curso, para ampliar su plazo, o para prever incentivos a invertir en infraestructura.

Una modalidad que ha demostrado su utilidad es la de facilitar alianzas público-privadas para utilizar los recursos de la contraprestación portuaria en proyectos complementarios al sector. El artículo 7 de la Ley 1 (modificado por la Ley 856) permite la destinación de estos recursos para varios tipos de obras. El próximo Conpes de Política Portuaria podría avanzar en identificar posibles proyectos de este tipo.

Finalmente, en el pasado ha sido exitoso el diálogo entre autoridades y los distintos agentes del sector. La expedición, este año, de la “Guía de Buenas Prácticas” en los contratos de concesión portuaria, es un buen ejemplo. Es conveniente que el gobierno siga esa senda.