Acoso sexual en el ámbito empresarial: retos normativos

El acoso sexual en el ámbito laboral colombiano ha alcanzado un punto de desarrollo importante con la entrada en vigor de la Ley 2365 de 2024, la implementación del Convenio 190 de la OIT y la reciente Resolución 3461 de 2025 expedida por el Ministerio del Trabajo. Estos avances normativos fortalecen la protección de los derechos de los trabajadores, pero a la vez exigen una implementación coordinada y estratégica que se articule con la operación de las empresas.

Uno de los cambios más significativos de la Resolución 3461 es la aclaración frente a la falta de competencia por parte de los Comités de Convivencia para revisar casos de acoso sexual, al tratarse de derechos que no son conciliables. Esta responsabilidad recae ahora en la alta dirección o en el área de talento humano de las empresas, lo que permite un tratamiento más confidencial y especializado. Este ajuste busca corregir prácticas anteriores que podían llevar a que las víctimas sufrieran una revictimización.

Las empresas tienen la responsabilidad de establecer protocolos en materia de acoso sexual, vías de denuncia seguras y medidas de protección. Si bien esto representa un esfuerzo organizacional, también representa una oportunidad para fortalecer la cultura corporativa y mejorar el clima laboral.

Retos prácticos para el sector empresarial

La implementación de esta normativa plantea desafíos importantes, pero también abre oportunidades para consolidar buenas prácticas empresariales. En primer lugar, las empresas deben desarrollar procedimientos internos que garanticen tanto la protección de la víctima, como el respeto del debido proceso para la persona denunciada. Esto implica revisar reglamentos, actualizar manuales y reforzar políticas, fortaleciendo la gobernanza corporativa.

En segundo lugar, es fundamental invertir en capacitación continua para directivos, responsables de procesos, equipos administrativos y de talento humano, así como para los propios empleados. La formación debe enfocarse en la prevención, la detección temprana y la gestión adecuada de denuncias, adaptándose a las dinámicas propias de cada organización. Aunque esto implica inversión y tiempo operativo, es un cambio necesario que mejora el liderazgo, previene conflictos y fortalece la reputación empresarial.

Es clave garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad organizacional. El marco legal exige medidas inmediatas de protección, pero también obliga a preservar la presunción de inocencia y la imparcialidad. Un manejo inadecuado puede derivar en potenciales litigios o sanciones administrativas. Por eso, es esencial que las empresas cuenten con lineamientos claros y respaldo institucional.

El cumplimiento normativo debe entenderse como una ventaja competitiva. En la actualidad, las empresas se enfocan cada vez más en la responsabilidad social, por medio de la implementación de políticas y medidas internas que lleven a la creación de protocolos eficaces, fortaleciendo la confianza de trabajadores, clientes, inversionistas y la sociedad. A su vez, el papel del Ministerio del Trabajo será determinante para garantizar que los lineamientos sean claros y proporcionados, considerando que, si bien existen cada vez más reglas, aún existe incertidumbre frente a la implementación de los medios y las formas en las que se debe llevar un correcto procedimiento de acoso sexual. Es por medio de una normatividad clara como se permitirá a las empresas cumplir con sus deberes y obligaciones, sin que haya lugar a alguna afectación de carácter operacional o económico dentro de la compañía.

En este contexto, adoptar medidas para prevenir y corregir conductas constitutivas de acoso sexual, no es simplemente cumplir con una obligación legal, sino una estrategia que impulsa la sostenibilidad en el tiempo de las empresas. Son estas las que generan empleo, innovación y desarrollo en los territorios, y su capacidad de mantenerse competitivas depende en gran medida de su habilidad para atraer y retener talento en ambientes seguros y equitativos. Por tanto, al asumir un rol activo en la prevención del acoso, las empresas no solo protegen a sus colaboradores, sino que también fortalecen su reputación y productividad frente a los desafíos del entorno económico y social.