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OPINIÓN

Esa platica no se perdió

10 de junio de 2014

Paula Morales

Asociada senior de Gómez-Pinzón
Canal de noticias de Asuntos Legales

Para poder comprender la complejidad de la repartición de regalías en el país antes de la reforma del 2012, se hace necesario hacer un pequeño recuento de los principios que la inspiraron y de la forma como se obtiene los recursos de las regalías a partir del petróleo.  Por un lado tenemos que, en la Constitución del 1991, se estableció que la explotación de recursos naturales causaría a favor del Estado una contraprestación económica, la cual se denominó regalías. A pesar de que el Estado Nacional es el propietario de esa contraprestación, los entes territoriales tienen derecho a participar de esos dineros. Por mucho tiempo, se favoreció la condición de ser departamento y municipio productor. Así las cosas, una vez la persona encargada de extraer el crudo del subsuelo, llamado operador, debe llevar este a un punto donde se realiza la repartición, entre lo que le pertenece al Estado por ser el titular de los recursos naturales, y lo que le pertenece al operador por extraer dicho recurso. Este punto recibe el nombre de “boca de pozo”. Es así como  el Estado determina si quiere que se le entregue la proporción del petróleo que le corresponde, en dinero o en barriles.  Ese porcentaje que le corresponde al Estado, es lo que se denomina regalías. Si es en dinero, el operador o el dueño del área donde se realizan la explotación (no siempre son la misma persona), debe encargarse de vender el crudo y entregar al Estado el dinero correspondiente y a partir de ese momento, se procederá a la repartición.

Ahora bien, en cuanto a la participación que tienen los entes territoriales en los dineros de las regalías que recibe el Estado,  estos deben estar dirigidos al desarrollo de proyectos que los mismos municipios y departamentos, creen necesarios para el desarrollo de los sectores en salud, educación, movilidad, entre otros, para beneficio de las comunidades. Sin embargo, la regulación de entonces no era equitativa al determinar la forma cómo se repartían los dineros. No había proporcionalidad entre aquellos entes territoriales en donde se explota el recuso y aquellos en donde no hay producción, pero que requerían de dineros para desarrollar proyectos de interés para la población. 

El panorama empezó a cambiar a finales del 2011, cuando el Gobierno vio la necesidad de darle un nuevo rumbo a la forma cómo se estaban repartiendo las regalías para hacerla más equitativa. Luego de largas discusiones y de una reforma constitucional, en mayo de 2012, se expidió una nueva regulación,  para repartir  las regalías, y mejorar los objetivos para su inversión. Se creó todo un proceso para la aprobación de los proyectos que tanto departamentos como municipios deseen ejecutar, con el fin de supervisar que el dinero sea bien invertido. Con dicho cambio, el panorama en el mapa de Colombia ha venido cambiando, al punto que los municipios y departamentos donde se hace la explotación de recursos han mantenido temporalmente un ingreso parecido al anterior, pero también municipios y departamentos donde no hay producción pueden acceder a dineros de las regalías para su desarrollo.  El año entrante terminará el régimen de transición previsto en la ley de regalías, y los departamentos y municipios productores verán disminuidos en forma significativa sus ingresos por concepto de regalías. Vale preguntarse: ¿habrán logrado generar recursos provenientes de otras fuentes? 

Hoy en día mediante esta nueva regulación se podrían desarrollar proyectos importantes como la construcción de vías principales y secundarias, colegios, hospitales, plantas generadoras de energía, represas y mucho otros más,  que beneficien a las regiones, lo cual desde una perspectiva global debería conducir al desarrollo del país. En todo caso, y a pesar de la reforma, la inversión del dinero de la regalías siempre debe permanecer bajo estricta vigilancia por parte del Gobierno, para que no se desvíen los recursos. También habrá que esperar para saber qué impacto tendrá esta nueva distribución, en los departamentos y municipios productores, acostumbrados a recibir altas sumas de dinero periódicamente por este concepto. 

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