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OPINIÓN

Arrancó la carrera de obstáculos de la oralidad

30 de enero de 2016

Paula Vejarano

Dir. de litigios en Dentons Cárdenas & Cárdenas
Canal de noticias de Asuntos Legales

La congestión de los despachos judiciales, que ha sido el reparo de marras de todo aquel que acude a los jueces para resolver sus conflictos y uno de los motores que impulsó la tan anhelada oralidad, sólo será cosa del pasado para los nuevos actores de los procesos que se inicien a partir de este año. En contraste, los demás asuntos que han venido ventilándose en los diferentes juzgados civiles y de familia seguirán su mismo ritmo y pasarán a ser orales únicamente cuando estén pendientes de los alegatos de conclusión, se vayan a decretar las pruebas o se surta la segunda instancia, corriéndose el riesgo de que en el entretanto se empolven tanto o más que en los juzgados de descongestión, muy a pesar de los acuerdos que el Consejo Superior de la Judicatura ha expedido, en los cuales se les impone el cumplimiento de los optimistas términos de evacuación de trámites escritos.

Pero el propósito de año nuevo que ha emprendido el país entero al implementar el Código General del Proceso, buscando a toda costa la celeridad y la eficiencia de los procesos judiciales, tiene más obstáculos que facilidades, los cuales desde ya empiezan a notarse. 

A tan solo un día de inicio de actividades en la Rama Judicial, varios funcionarios optaron por oponerse a las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura para afrontar la oralidad, en particular a la creación de los Centros de Servicios Judiciales de los Juzgados Civiles y de Familia (Acuerdo No. PSAA15-10445), en donde se pretenden centralizar varias de las actividades que realizaban al interior de cada juzgado diferentes funcionarios (y que hacían más engorrosa la actividad principal del despacho), para que puedan, ahora sí, dedicarse de lleno a resolver de fondo las diferentes cuestiones planteadas por las partes profiriendo autos y sentencias.

El emblemático Edificio Hernando Morales Molina, donde se concentra la operación de reparto y se encuentran varios despachos judiciales de Bogotá, fue cerrado. 

“Nuevo paro”, temimos los litigantes, ¡a tan solo un día de regreso de la vacancia judicial! El sistema de consulta de procesos fue “cortado” y la búsqueda de los procesos para el seguimiento de las actuaciones es imposible, tanto por internet como desde los computadores de los que cada juzgado fue provisto. Reina la incertidumbre para todos (funcionarios judiciales, abogados litigantes y partes). Pero para todo esto hay un parte de tranquilidad: el resto de los juzgados de Bogotá funciona normalmente y en el resto del país la situación no se ha replicado.

Le encuentro muchas virtudes prácticas al nuevo procedimiento oral, más allá del espejismo de la celeridad que, honestamente, no creo que sea así. Vivimos en un país litigioso y difícilmente contaremos nosotros con la cantidad necesaria de jueces ni ellos con las horas suficientes para producir sus decisiones. Sin embargo, este primer obstáculo evidencia un largo camino de piedras a esquivar a fin de lograr que las decisiones judiciales sean tan prontas y eficaces como todos esperamos

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