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Lunes, 17 de diciembre de 2018

La semana pasada el Gobierno Nacional y la Rama Judicial acordaron a través de un memorando de entendimiento la implementación del proyecto piloto del Expediente Electrónico Judicial. Un proyecto ambicioso que busca simplificar el acceso a la justicia haciendo uso de los medios electrónicos y sistemas tecnológicos de los despachos judiciales.

Como siempre, celebraremos que se haga uso de las nuevas tecnologías para buscar la eficiencia y modernización del sistema judicial que, muy a nuestro pesar, pareciera estancado en el tiempo bajo la cultura del original, la copia, el culto al papel y a la presentación personal.

Desde la expedición de la Ley 1395 de 2010 y del Código de Procedimiento Administrativo Colombia ha estado buscando incansablemente agarrarle el paso a la tecnología y valerse de sus bondades para hacer más eficientes los trámites y procesos judiciales.

Llevamos ocho años tratando de que se admita la comparecencia de testigos, partes y apoderados a las audiencias a través de medios electrónicos y no solo de los dispuestos en las salas de audiencia. ¿cuál puede ser la diferencia entre emplear el sistema del juzgado a el celular de una de las partes?, por ejemplo y esperando construir una sólida relación de confianza con el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial. El recorrido ha sido tortuoso, pero hemos avanzado mucho. Antes era impensable presentar recursos por correo electrónico y hoy es toda una realidad (otra cosa es que todavía falte papel para que los memoriales sean insertos al expediente que van dirigidos).

Cruzaremos los dedos y esperaremos ansiosos que el plan piloto del Expediente Electrónico Judicial sea un éxito, que la ausencia de papel no sea un problema y que efectivamente este mecanismo sí acerque al ciudadano a la administración de justicia. Necesitamos un cambio en nuestra tradición, que la justicia llegue sin necesidad de cojear y tardar años.

La implementación del plan piloto del Expediente Electrónico para acciones de tutela es, sin duda, un gran acierto. La acción de tutela es el mecanismo democrático que más ha servido a los ciudadanos del común para garantizar la protección de sus derechos. El trámite preferente, la posibilidad de actuar directamente sin necesidad de abogado y la obligatoriedad de que haya una decisión de fondo en no más de 10 días hacen que la tutela sea la acción idónea para implementar este nuevo sistema. Cada vez más cerca a los ciudadanos.

Sin embargo, estas buenas iniciativas no pueden pretender ser el borrón y cuenta nueva que va a salvar a la jurisdicción. Los planes y programas para hacer más eficiente la justicia deben ser integrales e incluir no solo inversiones en tecnología e infraestructura sino también al funcionario.

La vacancia judicial inicial este 20 de diciembre y desde la primera semana de noviembre en Bogotá no corren términos en los despachos de los jueces civiles del circuito y civiles municipales. ¿Para qué tanta implementación en sistemas tecnológicos si los funcionarios que los operarán siguen acudiendo al cese de actividades ante la ausencia de garantías? ¿Qué tal pensar también en una mejora a las condiciones en que los jueces y los empleados de los despachos ejercen su labor?

Celebramos la voluntad política para mejorar el funcionamiento de la justicia que ojalá incluya más aspectos que una plataforma en línea.