Martes, 20 de marzo de 2018

Vivimos un momento histórico en el que miles de mujeres han dejado de lado el miedo y levantan valientes la voz para denunciar las distintas situaciones de las que son o han sido víctimas. Desde mujeres que han hecho público el maltrato y vejámenes a los que sus parejas las someten o sometieron, pasando por aquellas que no reciben el mismo salario que sus pares hombres por el simple hecho de ser mujeres hasta las que han denunciado ser víctimas de acoso sexual en sus trabajos.

Las valientes se han levantado en todos los niveles: actrices de Hollywood, amas de casa, ejecutivas y ahora el turno es para las policías que la semana pasada fueron noticia porque sus denuncias dieron lugar a que fueran llamados a calificar servicios (es decir, fueran destituidos) los coroneles de la Policía Oscar Efraín Pinzón Moreno y Ricardo Suárez Laguna. A pesar de que, como ya dije en esta columna, movimientos como #MeToo pueden resultar lesivos y desconocer derechos como la presunción de inocencia y el buen nombre de algunas personas que son nombradas sin que exista certeza de que real y efectivamente actuaron de forma reprochable o se haya agotado el debido proceso que así lo disponga; que unas mujeres que forman parte de una institución que se caracteriza por una marcada jerarquía aparejada de la obediencia de este tipo de organizaciones debe ser aplaudida sin duda alguna.
Sin embargo, no deja de llamarme la atención (por no decir que me preocupa) que este tipo de actuaciones valientes acaben siendo enlodadas con un indebido proceder de la institución. La sensibilidad que se ha venido desarrollando frente a las denuncias de acoso, violencia de género y demás, que ha permitido que el silencio se rompa y el cambio empiece, también puede llevar a la irreflexión y al abuso en pos de la “justicia”.

Cruzo los dedos porque a los señores coroneles Oscar Efraín Pinzón Moreno y Ricardo Suárez Laguna se les haya surtido el debido proceso, que hayan sido llamados a rendir descargos y que, luego de verificar las pruebas y el dicho de los implicados no quedara duda de que su actuar era suficiente para el retiro del cargo.

Espero también que el acto administrativo de calificación de servicios estuviera perfectamente motivado para que no quedara duda de que se trató de una sanción a un incumplimiento a sus deberes con la institución policial y sus miembros y no, una retaliación por cualquier otra cosa, que permita que, en los próximos meses cada uno de ellos esté solicitando la nulidad de sus destituciones y el reintegro a sus cargos. Sería absolutamente contraproducente que la Policía, como dicen las abuelas, “por hacer más hiciera menos” al destituir a los coroneles sin darles la opción de defenderse.
La sensibilización a este tipo de situaciones no puede perder de vista la objetividad y, muchísimo menos, la ley. Por eso es tan importante no solo dejar de revictimizar y desestimar las denuncias, sino también agotar los procedimientos correspondientes para que el esfuerzo de las valientes que alzan la voz al denunciar no sea en vano y, por supuesto, tampoco se empañe con una declaración posterior de nulidad por vicios de forma en el cumplimiento de un procedimiento que está reglado. El debido proceso tiene una doble dimensión: garantiza el derecho tanto de quien denuncia como de quien es denunciado.

De postre: Como externadista adhiero a la defensa de la Universidad Externado, su Consejo Directivo y del rector Juan Carlos Henao frente a la conspiración orquestada por el exfiscal Montealegre y secundada por, quien fuera su vicefiscal y sucesor en encargo, Jorge Perdomo junto a Néstor Osuna, exmagistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que presentaron “Derecho de Petición” para suspender la elección o nombramiento del rector, modificar los estatutos de la Universidad y convocar a la elección de un nuevo Consejo Directivo -que solo hasta ahora por quién sabe qué razones no les complace-. Vergonzosa conveniencia.