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jueves, 16 de julio de 2020

Uno de los principales activos con los que cuenta y contará Colombia para enfrentar esta época tan retadora es su sistema financiero. Tener una industria financiera fuerte y resiliente es fundamental para acelerar el proceso de recuperación de la economía y retomar la senda de crecimiento y desarrollo que nos distinguía en la región hasta hace unos meses.

La expresión “ahorro público”, que en ocasiones se percibe tan amplia e incluso lejana, es la esencia misma de la alta responsabilidad de la industria financiera, vinculada cotidianamente a operaciones bancarias, de seguros, a las que se realizan en el mercado de capitales, o en el sector cooperativo financiero, por citar sólo algunas, todas ellas fundamentales en la generación de bienestar social.

Para proteger tan relevante rol del sistema financiero, el país emprendió desde hace varios años una agenda robusta en distintos frentes, que capitalizó experiencias y procuró incorporar los mejores estándares, senda que vista hoy permite reconocer grandes avances en institucionalidad, supervisión, regulación prudencial, protección al consumidor, inclusión e innovación, sin desconocer naturalmente varias tareas pendientes.

En institucionalidad, conviene destacar el fortalecimiento de la Red de Seguridad Financiera. En ella, la consolidación del Comité de Seguimiento y Coordinación del Sistema Financiero como órgano de monitoreo y de adopción de estrategias macro y microprudenciales. Y resaltar además el gran avance que se dio con la creación de dos entidades: la Superintendencia Financiera y la Unidad de Regulación Financiera (URF).

En el primer caso consideramos que la integración de la supervisión ha logrado varios propósitos que en su oportunidad la motivaron: conocimiento integrado del sistema, consolidación de la supervisión experta en base a riesgos, monitoreo de la liquidez sistémica, la eliminación de arbitrajes y el fortalecimiento de la supervisión de los conglomerados, siendo este último uno de los grandes avances de la regulación financiera. A ellos conviene agregar la forma como la Superintendencia ha desarrollado una agenda de vanguardia en la supervisión de la innovación tecnológica y de nuevos riesgos, como el de ciberseguridad.

De otra parte, con la creación de la URF se ha logrado la conformación de un equipo técnico, concentrado en el diseño de estrategias que establecen - 2 - prioridades en la agenda regulatoria y el desarrollo de normativa que reconozca la evolución de las industrias y la adopción de los mejores estándares prudenciales. Ha sido además evidente la alta relevancia que ha dado en su agenda a la inclusión financiera y a la incorporación de nuevas formas de prestación de servicios financieros, representadas en normas como las de SEDPES, las de plataformas de financiamiento colaborativo, sandbox y la proyectada para la industria de pagos.

Esta institucionalidad, acompañada por los aportes de la industria financiera, ha favorecido la adopción de importantes desarrollos en regulación prudencial, arquitectura de mercado y protección al consumidor. A riesgo de dejar varios por fuera de esta reseña, mencionemos la adopción de mejores estándares de capital en distintas industrias, normas para el mercado de valores, incluyendo las de intermediación y las de la nueva infraestructura del mercado, regímenes de inversión de fondos administrados, la ya citada reforma financiera de conglomerados y disposiciones para la protección del consumidor, entre ellas las que implementaron la defensoría y las facultades jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera.

Sin duda hay tareas pendientes pero debe reconocerse que se ha recorrido un largo camino que permite llegar a esta coyuntura con una institucionalidad fuerte y un marco normativo más moderno, recursos que favorecen la estabilidad financiera y la recuperación del aparato productivo del país.