Más bienestar a través de los servicios financieros: un momento clave para Colombia

Hace exactamente un año, desde estas mismas páginas, destacábamos la gran oportunidad que se planteaba para Colombia con algunas iniciativas que, adecuadamente estructuradas, podrían transformar profundamente la forma en la que los colombianos manejan sus productos financieros, de ahorro, transaccionales, seguros e inversión y por esa vía incrementar exponencialmente el impacto de ese sector en la generación de bienestar social.

Un año después, algunas de dichas iniciativas registran importantes avances. Estamos a días de iniciar una nueva era en los pagos digitales gracias a la entrada en operación plena de Bre-b, sistema del Banco de la República y a pocas semanas de contar con el decreto de finanzas abiertas, proceso liderado por la URF. Estos cambios llegan en un momento único, en el que Colombia continúa consolidándose como hub fintech regional, han llegado nuevos actores al sector, crecen los desarrollos digitales de entidades financieras tradicionales y sus alianzas con empresas fintech, se incrementa el interés por los activos digitales y, según anuncios de la Superintendencia Financiera, en los próximos años podrían entrar en operación en el país más de quince nuevas instituciones financieras.

Es fundamental aprovechar muy bien este momento. Puede permitir una aceleración histórica en los beneficios que la inclusión financiera brinda a una sociedad en desarrollo como la nuestra. Bre-b y finanzas abiertas son herramientas extraordinarias para luchar contra el protagonismo del efectivo en los pagos y contra el gota a gota en el crédito. En el primer caso conocemos el compromiso del Banco de la República por ofrecer una plataforma robusta, que haga de Bre-b un esquema intensamente utilizado. Para ese buen suceso el Banco Central y el sector financiero tienen claro que será clave luchar contra el fraude, objetivo que requiere un consumidor financiero educado, consciente de sus derechos, pero también de sus responsabilidades.

En el caso de finanzas abiertas la implementación segura del modelo adoptado, que tiene múltiples participantes, será el principal reto, y nuevamente, un consumidor financiero informado, titular de los datos que circularán con su autorización, será actor fundamental del esquema.

Pero estos grandes logros pueden quedar a media marcha si no se complementan con aspectos que están identificados, que en buena hora gremios, expertos y otros grupos de interés han puesto en el radar y de los cuales nos atrevemos a resaltar algunos.

Primero, como lo han manifestado varios gremios, no es pertinente incrementar la ya onerosa carga fiscal sobre la industria de servicios financieros. Sería funesta para las iniciativas de las actuales empresas del sector y un desincentivo directo a la llegada de nuevos actores y por esa vía a la competencia. En el frente tributario considerar una estrategia que permita el desmonte gradual del GMF, ciertamente retador en esta coyuntura fiscal, debería evaluarse, eliminando así dicha barrera al uso de medios de pago digital, que contribuye significativamente a la formalidad.

Segundo, el esquema de finanzas abiertas debe migrar aceleradamente al de datos abiertos, dando cumplimiento al mandato legal para llegar a información que reposa en fuentes públicas y privadas distintas a las del sector financiero y que resultan de gran relevancia para incluir financieramente a más colombianos. Es fundamental adoptar una agenda concreta que comprometa decididamente a otros actores en ese propósito.

Tercero y como lo mencionaba con cierta timidez en la columna de hace un año, Colombia debe dar de una vez por todas el debate sobre la pertinencia de la tasa de usura. Múltiples diagnósticos, algunos de hace años y otros más recientes, coinciden en que restringe el acceso al crédito, especialmente en sectores menos formales. Es positivo ver que, gracias al esfuerzo de algunos, ya no es pecaminoso hablar del límite de usura, por eso, reconociendo lo retador que resulta llevarlo al debate legislativo, hay que promover activamente su inclusión en las agendas de los responsables actuales y futuros de la construcción de políticas públicas.

Por último, nos atrevemos a resaltar como prioritario el contar con un marco normativo para las actividades relacionadas con activos digitales. Es fundamental dotar de seguridad jurídica a dichas operaciones, tanto para el consumidor como para quienes las ofrecen. Su empleo es creciente en distintos casos de uso y Colombia puede ser protagonista regional, ofreciendo un marco normativo que considere requisitos de operación y supervisión proporcionales y que permitan, entre otros, ofrecer a las entidades financieras un entorno adecuado para su integración con esos desarrollos.

Hay varias tareas pendientes, pero ciertamente las que hemos comentado brevemente podrían materializar como pocas veces en la historia reciente, un efecto considerable de más bienestar para muchos colombianos a través de los servicios financieros.