miércoles, 21 de octubre de 2020

Según el Banco Mundial, el índice de calidad de la infraestructura de comercio y transporte en Colombia es de 2,67 sobre 5, por debajo de los países miembros de la Ocde, que se sitúa en 3,5 sobre 5. Aunque hemos avanzado, falta mejorar para ser más competitivos. No es coincidencia que el Gobierno Nacional haya anunciado que el sector de infraestructura será una de las bases del crecimiento de los próximos años, por su potencial de generar empleo formal y dinamizar la economía.

Sin embargo, según fuentes oficiales, debido al impacto de la pandemia del covid-19, se espera una reducción del PIB en Colombia de -15,7% en el segundo trimestre de 2020, por lo que habrá que encontrar eficiencias en el gasto público. El Estado deberá priorizar proyectos de acuerdo con la realidad presupuestal y los objetivos del país en el corto, mediano y largo plazo. Es en este contexto donde los proyectos de asociación público-privada (“APP”) adquieren una nueva dimensión, en especial aquellos de iniciativa privada, pues se espera que éstos tengan un rol protagónico en la inversión en infraestructura de los años venideros dado que requieren menos recursos públicos (hasta el 30% de su valor, o 20% en el caso de proyectos carreteros) o pueden no requerirlos.

Una de las mayores ventajas que otorga la Ley a las APPs de iniciativa privada es la posibilidad (potestativa) de que la entidad pública adquiera los estudios de factibilidad al originador, así decida no contratar el proyecto. Adicionalmente, en caso de que la entidad decida contratar el proyecto, la ley establece compensaciones al originador en el proceso de selección. Si el proyecto requiere recursos públicos, se le otorga un mayor puntaje de entre 3 y 10%. Si el proyecto no involucra la inversión de recursos públicos, se le permite al originador igualar la mejor oferta para quedarse con el proyecto. En caso de que el originador no resulte adjudicatario, quien resulte le paga el valor de los costos de estructuración.

Para alcanzar un proyecto exitoso, el originador deberá realizar una estructuración detallada a nivel técnico, financiero y legal, la cual incorporará múltiples actores con roles distintos, por lo cual es fundamental contar con la experticia de los mismos. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, una metodología efectiva para la estructuración de APPs de iniciativa privada es la de las cinco justificaciones, la cual se basa en 5 preguntas claves que el originador deberá hacerse a lo largo de la estructuración:

- Estratégica - ¿El proyecto es necesario y se alinea a las políticas públicas y prioridades del Gobierno? ¿Genera beneficios socio económicos? ¿Genera competitividad?

- Económica - ¿El proyecto representa la mejor opción de proyecto y genera suficientes beneficios socioeconómicos?

- Financiera - ¿El proyecto es viable financieramente de acuerdo a un análisis de fuentes y usos?

- Legal/Comercial ¿El proyecto es bancable?¿La mejor ruta de contratación del proyecto es la Asociación Público-Privada?

- Gerencial - ¿El proyecto es realizable con los recursos humanos y presupuestales con los que cuenta la autoridad contratante y en los tiempos acordados?

Las anteriores justificaciones deberán acompañar todos los procesos que se llevan a cabo dentro de los ejes de la estructuración del proyecto: el técnico, que define la necesidad y viabilidad, el financiero, que define la sostenibilidad económica y el legal, que regula la relación entre los actores involucrados.