¡No pasará!

Dentro de los múltiples y descabellados proyectos de Ley de iniciativa gubernamental, que han saturado no solo al legislativo, sino a la opinión pública, colocándonos, a algunos con un rosario en la mano, a rezar para que, los parlamentarios sensatos, voten a consciencia y no al vaivén de la mal llamada “mermelada”, existe uno que tiene implicaciones económicas, sociales y fiscales en el mediano y largo plazo. Si, se trata del proyecto de ley que busca prohibir el fracking en Colombia, que está próximo a hundirse por falta de acción en el legislativo.

El debate sobre el fracking ya tiene larga data en Colombia, sin embargo anteriormente era una alternativa más para el incremento de reservas en el país, sin embargo, en la era del gobierno Petro, como primera medida desincentivó la suscripción de nuevos contratos de hidrocarburos y minería, lo cual, es un tiro en un pie, pero en diferido, pues las consecuencias de esto se verán seguramente al cabo de unos años, cuando sea ya considerable la disminución en la producción, la perdida de la autosuficiencia energética del país; no siendo suficiente con esto, también radicó el proyecto de Ley 150 de 2024 que busca prohibir el fracking y otras prácticas no convencionales de extracción de hidrocarburos en Colombia.

Lo interesante del asunto, es que, en otros momentos más oscuros del país, en el debate sobre el fracking, la politiquería, y la ideología sin fundamento se sobrepusieron a la razón, los estudios técnicos y las voces de los expertos. No obstante, lo anterior, el panorama hoy es otro, y el proyecto se hundirá el 20 de junio por falta de trámite en el legislativo, motivo por el cual el pasado 18 de febrero de 2025 el presidente de la república envió mensaje de urgencia dirigida a los presidentes del Senado, la Cámara de Representantes y las comisiones quintas, con el fin de que no dejaran morir la iniciativa.

Dejando de un lado, los dogmatismos ambientales y los sofismas, lo mejor que podría pasarle a Colombia en estos momentos de incertidumbre, es que la iniciativa se hunda, y quede la ventana abierta para discutir sobre la aplicación del fracking, ojalá esta vez de manera seria y con argumentos, si antes el fracking era una alternativa, hoy es un tanque de oxígeno a una matriz energética en cuidados intensivos, pues no han sido en vano el “desmadre” minero energético al que se dedicó el gobierno en estos tres años.

Para los que se preguntan que relevancia tiene, el aumentar las reservas hidrocarburiferas del país, se debe tener en cuenta aspectos como la recepción de regalías y explotación de los recursos naturales no renovables; Solamente en regalías, para el período 2025-2026, plasmadas en la Ley 2441 de 2024, significan ($25.536.162.427.940), de los cuales $17,244.091.785.83 corresponden a hidrocarburos.

Así mismo, debe ser objetivo primordial, no retroceder en el acceso a gas domiciliario, que se ha logró los últimos años, de acuerdo con datos del Ministerio de Minas y Energía, indican que, desde agosto de 2018 a septiembre de 2021, el número de familias que antes cocinaban con leña y ahora lo hacen con gas es de 68.250; así mismo, una cifra de 413.243 nuevos usuarios residenciales conectados al cierre de 2023; lo anterior representa casi 69% de hogares que cocinan con gas natural, reduciendo problemas como la deforestación y disminuyendo enfermedades respiratorias.

Se debe resaltar, a los incautos, que, si perdemos la capacidad de producir nuestro propio gas, difícilmente se mantendría esta cobertura, o por lo menos no sin afectar los costos, pues la infraestructura del país dificultaría considerablemente mantener intacta la cadena de distribución y acceso a los usuarios.

Por último, una buena forma de retomar la discusión, y donde pudiera haber consenso, sería en el proyecto piloto controlado, pues los políticos oportunistas que hace 8 años se opusieron por cálculo político a la implementación del fracking, podrían en este nuevo panorama, nivelar la balanza, que permita aprobar dicha propuesta, y así tomar decisiones convenientes, colocando sobre la mesa los aspectos ambiental, económico y social, estos tres, con la misma relevancia, pues no puede un asunto con implicaciones sociales y económicas tan graves, limitarse a una simple discusión ambiental.