Impuesto adicional al patrimonio

Luego de que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres (“UNGRD”) fuere saqueada por la corrupción, ahora entre todos tendremos que poner el dinero que requiere dicha UNGRD para atender los actuales desastres invernales, lo que es una oda a la impunidad y a la desfachatez. Con base en el Estado de Emergencia declarado el pasado 11 de febrero, mediante un decreto el Gobierno establecerá una agresiva reforma tributaria, incluyendo entre otros, un impuesto adicional al patrimonio, pero ahora gravando también al aparato productivo del país, que es el que genera empleo, impuestos y valor agregado con sus productos y servicios.

Es evidente que acá el interés no consiste en auxiliar a los damnificados. Si realmente al Gobierno le interesaran nuestros damnificados, su círculo más cercano no hubiera saqueado vilmente la UNGRD, ni se hubiera rechazado la ayuda que acaba de ofrecer EE.UU. para los damnificados de Córdoba, ni se buscarían recaudar $8 billones que resulta una cifra sin ninguna justificación técnica; si este dinero realmente fuera para ayudar a nuestros 254 mil damnificados, con $8 billones se destinarían $31.5 millones a cada uno de ellos, con esta proporción, ante un invierno que afectara por ejemplo a 2 millones de connacionales, la UNGRD requeriría $63 billones de pesos.

Si el dinero que se pretende recaudar realmente se destinara a los damnificados, esto quiere decir, por ejemplo, que a una casa de 5 damnificados se destinarían $155 millones. Esto equivale al precio de un carro de alta gama o al 65% de una vivienda de interés social nueva (con el nuevo precio de esta vivienda fuertemente incrementado con el aumento del salario mínimo). Con estas cifras no hay credibilidad alguna de que realmente el dinero se vaya a usar honestamente para atender a los damnificados.

A propósito de las cifras anteriores, aprovecho para referirme a un error matemático recurrente. Mientras en inglés 8 “billion” se traduce a español como 8 mil millones, en español 8 billones significa mil veces esta cifra. Por ende, quienes incorrectamente hablan de billones en español refiriéndose a miles de millones, yerran en 1000 veces el valor que quieren decir.

Ya en el 2024 (ver mi columna en esta sección titulada “Reforma Tributaria 2024: impuesto al patrimonio”), el Gobierno presentó un proyecto de reforma que fue rechazada por el Congreso, que pretendía gravar a las personas jurídicas con impuesto al patrimonio, sin permitirles a los accionistas detraer de su impuesto al patrimonio el valor de sus acciones (ergo, duplicando parte del impuesto). Espero que la reforma venidera no replique este abuso.

Gravar con impuesto al patrimonio también al aparato productico, resulta tremendamente regresivo. La inversión es la principal variable del PIB por su efecto multiplicador; pues bien, si se grava con impuesto al patrimonio a las empresas (la mayoría de actividades empresariales se desarrollan a través de personas jurídicas), cuando éstas inviertan en su actividad, su patrimonio se incrementará y quedará gravado con este impuesto, por ende, esta medida recauda caja a corto plazo, pero desincentiva el crecimiento económico a futuro o la inversión.

Según lo informalmente anunciado por el Gobierno, el impuesto adicional al patrimonio gravará a las personas jurídicas a parir de 2026, que tengan patrimonios líquidos superiores a 200.000 UVT (aprox. $10.474 millones en valores 2026). La tarifa se prevé del 0.6% sobre dicho patrimonio hasta 600.000 UVT ($31.424 millones en valores 2026), y del 1.2% una vez se supere este umbral.

Estaremos atentos al contenido final de la reforma tributaria que expida el Gobierno mediante decreto.