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Juan Camilo Solórzano miércoles, 4 de agosto de 2021

En la parábola de Franz Kafka titulada “Ante La Ley” nos es relatado el intento de un campesino que trata de acceder a la Ley, la cual se encuentra vedada por una puerta custodiada por un guardián. Al intentar ingresar, el guardián le recuerda al campesino que más allá de su presencia existen muchos más obstáculos y que no es el único centinela en el camino. Finalmente - luego de varios intentos y agonizando - el campesino decide preguntarle al guardián: si todos se esfuerzan por llegar a la Ley ¿cómo es posible que durante tantos años nadie más que él pretendiera entrar? El guardián, comprendiendo que el hombre está por morir, sentencia: “Nadie podía pretenderlo porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy a cerrarla”.

Estos acontecimientos nos traen a la mente el concepto de acceso a la justicia y nos remiten a la situación actual de Colombia. En un país con una tasa de litigiosidad de 2.773 procesos y 11 jueces por cada 100.000 habitantes, es lógico que exista 84% de desfavorabilidad de la percepción ciudadana sobre el sistema judicial (estadísticas de la Corporación Excelencia en la Justicia). Mientras se espera completar los trámites para sancionar la reforma a la Ley 270 de 1996 y en el Congreso se presentan otros proyectos de reforma, seguimos preguntándonos cómo garantizar el acceso a la Ley para todos los ciudadanos.

¿Cómo hacerlo?

Se ha propuesto aumentar el presupuesto de la rama judicial; fortalecer el uso de las TIC (a pesar de los contraproducentes artículos 63 y 64 del proyecto de reforma); implementar herramientas para combatir la corrupción; aumentar los requisitos para ser magistrado de las altas cortes; acabar con la congestión a través del manejo eficiente de las estadísticas para la toma de mejores decisiones, entre otros planteamientos. Y nuevamente, seguimos concluyendo que el principal propósito de esta reforma es garantizar el acceso de todas las personas a la justicia.

A pesar de lo anterior, no se tiene claro si estas medidas -que en la teoría implican contratar más personal para la rama y lograr una distribución más eficiente de sus recursos- efectivamente se traducirán en la disminución de los índices de congestión judicial, corrupción y duración de los procesos; o si realmente van a contribuir con la posibilidad de que todos los ciudadanos accedan a la ley sin la acreditación de requisitos y trámites innecesarios, como hasta ahora deben soportar en múltiples escenarios.

Ante dicha incertidumbre, considero que esas propuestas no aportarán soluciones estructurales a los conflictos del sistema si desde la posición de cada uno no actuamos como verdaderos guardianes de la Ley. Debemos derribar las prácticas anquilosadas de la profesión: ser concretos en nuestros escritos, contratos y alegatos; evitar maniobras dilatorias en los procesos judiciales; simplificar nuestro lenguaje; abolir esa malicia que suele confundirse en esta tierra con audacia; pero sobre todo, lograr que más ciudadanos accedan efectivamente ante la Ley.

Este propósito no se logra promoviendo más acciones con la que se pretenda activar el funcionamiento del aparato judicial, sino contribuyendo desde nuestra posición (consultor, litigante, académico, juez, estudiante, etc.) en eliminar los obstáculos que se presentan en el camino a la justicia. Solo así obtendremos una puerta franqueable para todos, que conduzca inequívocamente a la Ley y evite así que se repita el amargo desenlace del campesino de la parábola de Kafka.

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