• Fabio Humar J.

miércoles, 10 de julio de 2019

Los estudios que se adelantaron para implementar el sistema penal oral acusatorio (Spoa) partían del supuesto de que, como en todos los sistemas adversariales, solo una minoría de casos llegaría a juicio. Quizá un 5% de los casos se resolvería por la vía del debate en juicio oral. El resto debería evacuarse mediante las figuras novedosas que traía el Spoa, como los preacuerdos, la aceptación de cargos y el principio de oportunidad (POP).

Las estadísticas no mienten, y dejan claro que la descongestión de la administración de justicia fracasó: Hay razones relativas a los preacuerdos, y los descuentos en la aceptación de cargos, temas que se escapan a este texto, pues se centrará en el POP.

¿Qué buscaba el POP?

El POP buscaba que algunos procesados tuvieran una suspensión en la persecución penal o, incluso, la renuncia total. Hay varias causales legales (Art. 324 Ley 906) que permiten la aplicación del POP, tales como la indemnización, la extradición, la poca necesidad de una respuesta penal o la colaboración eficaz con la justicia.

Se pensó que la figura del POP traería una solución, novedosa pero ajustada a la legalidad, para acabar con la inveterada mora que aqueja a la Fiscalía y los juzgados penales. Se calculaba que por la vía del POP se evacuarían algo así como 35% a 40% de los procesos. Otro 35% a 40% por la vía de los preacuerdos y la aceptación de cargos. Así, pues, menos de 10% de los casos se irían a juicio, tal como sucede en otras latitudes.

Pues bien, la expectativa no se cumplió: entre 2005 y 2018 se evacuaron con POP algo 37.000 casos. Desde 2005, año de entrada en vigencia del SPOA, hasta 2018, han entrado 13 millones de noticias criminales. Es decir, que 0,37% de los casos se han solucionado por la vía del POP. Muy lejos de 40% anhelado.

El problema no solo es de estadística (aunque la mora debería ser un problema la que se le busque solución), y pasa hasta el desmantelamiento de organizaciones criminales. El POP se configuró como una de las herramientas más novedosas, interesantes y útiles para combatir la criminalidad organizada, pues se diseñaron causales específicas para que la colaboración en desmantelamiento estructuras delincuenciales fuera recompensada.

Según datos del National WhistleBlower Center, en los Estados Unidos 92% del dinero efectivamente recuperado en investigaciones por fraude corresponde a la acción directa de los testigos de cargo, o soplones. Lo anterior supone que el Estado (y un estado tan fuerte y contundente como lo es Estados Unidos) necesita de la acción y colaboración de los testigos de cargo para el buen desempeño de las investigaciones.

Las leyes Fcpa (que castiga la corrupción trasnacional y clave para investigar el caso Odebrecht) y la más reciente Dood-Frank han sido herramientas determinantes para combatir la criminalidad compleja, traen programas muy serios y estructurados de colaboración, lo que por estos lados llamaríamos principio de oportunidad.

Dicho de otro modo: El POP es la herramienta por excelencia para descongestionar la justicia, tal como se propuso en el inicio del Spoa- por la vía de la racionalización del uso del derecho penal- y para la efectiva desarticulación de las bandas criminales, bien de delincuencia común, bien de cuello blanco. La práctica, el inadecuado entendimiento del castigo, así como algunos lamentables factores políticos, han dado al traste con esta figura.

Las estructuras criminales en Colombia están tranquilas, pues la forma en que se les investiga sigue siendo la típica y antigua forma de investigación, ya obsoleta para la criminalidad de este siglo.